Tegucigalpa — Tras el asesinato del ambientalista y regidor municipal Juan López en Tocoa, Colón, diversas organizaciones de la sociedad civil hondureña han alzado su voz para exigir una revisión profunda y reformas al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos.
Denuncian que la falta de acción y protección efectiva por parte del Estado contribuyó a esta tragedia y demandan justicia para los responsables.
La Coalición Ambiental de Honduras (COAH), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Reportar sin Miedo y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) emitieron un comunicado conjunto en el que instan al gobierno a intervenir en el Mecanismo de Protección, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos.
Argumentan que este organismo le negó a Juan López las medidas de seguridad necesarias pese a las amenazas que enfrentaba por su labor en defensa del medio ambiente.
Juan López, además de su papel como regidor municipal, era un destacado defensor ambiental y servidor de la Iglesia Católica. Su activismo se centraba en la oposición a la extracción minera en la Montaña de Botaderos, actividad que afecta al río y a la comunidad de Guapinol.
Por su vulnerabilidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado medidas cautelares; sin embargo, estas no fueron implementadas adecuadamente por el Estado hondureño.
«Urgimos la creación de una comisión independiente que investigue a fondo la operación del Mecanismo Nacional de Protección y deduzca las responsabilidades administrativas que sean necesarias. La ineptitud y la negligencia institucional no pueden seguir costando vidas», señala el comunicado de las organizaciones.
Las entidades firmantes enfatizan la necesidad de fortalecer y despolitizar el Mecanismo de Protección, dotándolo de personal con experiencia en derechos humanos.
«No más improvisación ni discursos vacíos: ya basta de palabras, es hora de pasar a la acción», expresan, subrayando que la protección de defensores es imperativa para evitar más pérdidas humanas.
Asimismo, hacen un llamado a una investigación inmediata y exhaustiva del asesinato de Juan López, para que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.
«No podemos permitir que la muerte de defensores continúe en la impunidad. No aceptaremos que este crimen, como tantos otros, se diluya en la indiferencia y el olvido», afirman.
Las organizaciones proponen que el Mecanismo de Protección opere con autonomía administrativa y presupuestaria, separado de la Secretaría de Derechos Humanos. Consideran que el actual vínculo y su «mal manejo ha agravado la crisis», impidiendo una actuación eficaz y autónoma en la defensa de activistas y líderes comunitarios.
El asesinato de Juan López ha generado indignación y preocupación en la sociedad hondureña y en la comunidad internacional, poniendo de relieve la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en el país.
La exigencia de justicia y reformas estructurales busca evitar que tragedias como esta se repitan y garantizar la protección efectiva de quienes luchan por causas sociales y ambientales.
