Tegucigalpa – El diputado Jari Dixon interpuso este lunes una denuncia ante el Ministerio Público contra los funcionarios que aprobaron las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs), acusándolos de traición a la patria.
Dixon solicitó al Ministerio Público la verificación de la votación en la sesión legislativa donde se aprobó la ley de las ZEDEs para asegurar que los acusados sean quienes participaron en la decisión.
El parlamentario destacó que el delito de traición a la patria podría conllevar penas de prisión de entre 15 y 20 años, y adicionalmente, una inhabilitación de ejercer cargos públicos por 40 años, según lo establece el artículo 555 del Código Penal hondureño.
“Ellos traicionaron a la patria y asumieron funciones de una asamblea nacional constituyente sin tenerla. Es justo que respondan ante la justicia”, afirmó Dixon.
Sin embargo, el análisis de la situación por parte de expertos sugiere que esta acción judicial podría ser complicada.
Kenneth Madrid, un reconocido analista, argumenta que de seguir esta línea de razonamiento, cualquier ley posteriormente declarada inconstitucional también debería llevar a sanciones similares, incluyendo posibles acciones contra el presidente y secretarios de Estado por otras irregularidades administrativas.
