Tegucigalpa, Honduras – En una declaración emitida este viernes, Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CJS) de Honduras, afirmó que el reciente fallo de inconstitucionalidad de los decretos que componen la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs) no tiene como objetivo la expropiación de las inversiones ya establecidas bajo esta figura legal.
“Las inversiones existentes continuarán operando sin interrupción. Lo que buscamos es garantizar la seguridad jurídica en nuestro país, asegurando que todas las actividades económicas se desarrollen conforme a las leyes vigentes”, declaró Obando durante una conferencia de prensa.
El fallo, emitido el pasado viernes 20 de septiembre por mayoría de votos, incluye conclusiones y recomendaciones que ya están listas para ser implementadas, según señaló la presidenta del Poder Judicial. “La seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo sostenible y para mantener la confianza de los inversionistas en Honduras”, añadió.
La decisión de la CJS se tomó en una sesión plenaria que contó con la participación de los magistrados Rebeca Ráquel Obando, Mario Díaz, Gaudy Bustillo, Walter Miranda, Milton Jiménez, Rubenia Galeano, así como los magistrados que asistieron de manera virtual: Anny Ochoa, Odalys Nájera, Roy Pineda y Nelson Mairena. Además, completaron el pleno los magistrados José Ricardo Pineda, Marvin Rigoberto Espinal, Felipe René Speer, Luis Alonso Discua y Aída Patricia Martínez, quienes sustituyeron a los de la Sala de lo Constitucional.
Obando enfatizó que el fallo está alineado con el respeto y cumplimiento de la Constitución de Honduras, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la regulación legal adecuada. “Nuestro compromiso es con la justicia y el bienestar de todos los hondureños, garantizando que las inversiones contribuyan al progreso nacional sin vulnerar nuestros principios legales”, afirmó.
Este fallo representa un precedente significativo en el ámbito jurídico y económico de Honduras, ya que las ZEDEs habían sido promovidas como una herramienta para atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo regional. Sin embargo, la Corte ha determinado que ciertos aspectos de la ley no se ajustan a la Constitución, lo que ha generado un intenso debate sobre el futuro de estos proyectos en el país.
