Tegucigalpa – Este sábado, el Ministerio Público (MP) informó que seis personas han sido formalmente procesadas y se les ha impuesto prisión preventiva por su presunta participación en daños al Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras», en el departamento de Colón. Estas acciones habrían afectado gravemente el equilibrio ecológico de la zona.
Entre los acusados se encuentra Mario Martínez Padilla, a quien se le señala como presunto responsable de los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y responsabilidad de funcionario o empleado público en concurso real. Otros implicados, Víctor Romero Molina, José Santos Antúnez y Santos Haylock Amaya, enfrentan cargos por la supuesta comisión de daños agravados en concurso real. Por su parte, Filemón Mira y Otoniel Flores Mira son acusados de usurpación de funciones públicas en perjuicio del medio ambiente del Estado de Honduras.
El MP detalló que estos actos ilegales habrían afectado no solo el parque, sino también a comunidades locales que dependen del agua y los recursos naturales de la zona. Las acciones denunciadas incluyen la apertura de carreteras y la realización de obras dentro de la zona núcleo del parque, utilizando maquinaria pesada y explosivos. Esto provocó la destrucción de la vegetación natural y alteraciones significativas en el suelo y subsuelo.
El requerimiento fiscal también destacó que las actividades perjudiciales afectaron los ríos San Pedro, Guapinol y Tocoa, que alimentan la cuenca del río Aguán. Estos ríos son vitales para las comunidades locales, y los daños a la infraestructura hídrica podrían poner en peligro el suministro de agua para los habitantes.
La audiencia preliminar para los seis imputados se ha programado para el 22 de octubre de este año, a las 9:00 a.m., donde se definirán los próximos pasos en el proceso judicial.
Este caso ha despertado preocupación entre activistas ambientales y organizaciones de derechos humanos, quienes han resaltado la importancia de proteger las áreas naturales de Honduras y garantizar que quienes cometan delitos contra el medio ambiente enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
