Tegucigalpa – En las profundidades de la crisis institucional hondureña, el escándalo denominado «Narcopolítica» ha dejado una marca indeleble que trasciende el mero evento mediático, revelando las complejas estructuras de poder y las debilidades sistémicas en la administración de justicia del país.
A dos meses de la divulgación del video que sacudió los cimientos del gobierno actual, el silencio institucional se ha convertido en el protagonista de una historia que amenaza con redefinir el panorama político nacional.
El video divulgado por Insight Crime, que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en una presunta reunión con narcotraficantes en 2013, ha destapado una compleja red de relaciones políticas que se extiende hasta las más altas esferas del poder.
La frase «la mitad es para el comandante», pronunciada en aquella reunión, permanece como un eco perturbador en la conciencia política nacional, mientras que la distribución estratégica de recursos en departamentos electoralmente cruciales para el partido Libre como Colón, Santa Bárbara y Olancho, sugiere un patrón sistemático de influencia política que no puede ser ignorado.
La respuesta gubernamental ante esta crisis ha seguido un patrón reconocible de control de daños. La modificación del tratado de extradición, que hasta la fecha había permitido la entrega de 56 hondureños a Estados Unidos y Costa Rica, aparece como una medida reactiva más que como una reforma meditada.
Este movimiento estratégico, coincidente con el escándalo, ha generado preocupaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás de la decisión y su impacto en la lucha contra el narcotráfico internacional.
El Ministerio Público, bajo la gestión actual, ha mostrado una notable pasividad en la investigación del caso, contrastando dramáticamente con su proactividad en la persecución de casos contra opositores políticos.
Las declaraciones evasivas del Fiscal Adjunto Marcio Cabañas sobre la existencia de una alerta migratoria para Carlos Zelaya, especialmente tras su salida del país para presuntamente asistir a un partido de fútbol del clásico español entre Real Madrid y Barcelona, han profundizado las dudas sobre la independencia y efectividad del sistema judicial hondureño.
La estrategia gubernamental para manejar la crisis ha sido particularmente sofisticada, desplegando una serie de controversias paralelas que han servido como cortinas de humo efectivas.
Las declaraciones políticas del jefe de las Fuerzas Armadas, los debates sobre las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, el controversial Decreto 04-2022 conocido como «Pacto de Impunidad», y las discusiones sobre la Tasa de Política Monetaria han funcionado como distractores eficaces, diluyendo la atención mediática sobre el caso principal.
El impacto en la estructura de poder ha sido significativo pero calculado. La renuncia de Carlos Zelaya del Parlamento, aunque aparentemente decisiva, no ha impedido que mantenga una influencia considerable en los procesos legislativos, según fuentes cercanas al Congreso Nacional.
La salida y posterior reaparición política de José Manuel Zelaya Rosales en el escenario político, reclamando su cargo como Secretario de Asuntos Electorales del Partido Libre, sugiere una estrategia de reposicionamiento político más que una verdadera ruptura con el sistema.
Mientras tanto, la permanencia de Rafael Sarmiento en su posición de liderazgo, a pesar de ser señalado como organizador de la controversial reunión, plantea serias interrogantes sobre la verdadera voluntad de depuración dentro del partido gobernante.
Su continua participación en eventos públicos junto a la presidenta Castro envía un mensaje contradictorio sobre el compromiso del gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
La gestión de este caso podría tener implicaciones duraderas para la credibilidad del sistema judicial hondureño y la efectividad de la lucha contra el narcotráfico. La aparente impunidad, combinada con una estrategia de distracción mediática y la falta de una investigación profunda, sugiere un patrón sistemático de protección política que desafía los principios fundamentales del Estado de derecho.
El silencio del Ministerio Público en este caso, contrastado con su activa participación en la persecución de otros casos políticos, plantea serias dudas sobre la independencia de la institución y su capacidad para investigar casos que involucran a figuras cercanas al poder ejecutivo.
Este patrón de comportamiento institucional no solo compromete la credibilidad del sistema judicial, sino que también amenaza con socavar los esfuerzos de Honduras en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
A medida que el tiempo avanza y las respuestas siguen ausentes, el caso «Narcopolítica» se consolida como un símbolo de las profundas contradicciones en el sistema político hondureño.
La aparente impunidad de los involucrados, la estratégica gestión mediática del escándalo y la falta de consecuencias judiciales sugieren que, más allá de las promesas de cambio y transparencia, las viejas prácticas de protección política continúan vigentes en el país centroamericano.
La resolución -o la falta de ella- en este caso definirá no solo el futuro político inmediato de Honduras, sino también su capacidad para enfrentar los desafíos fundamentales de la corrupción y el narcotráfico en los años venideros. Mientras tanto, el silencio institucional continúa siendo ensordecedor, y las preguntas sin respuesta se acumulan en un expediente que parece destinado al olvido estratégico, dejando una herida abierta en la ya frágil democracia hondureña.
