Tegucigalpa – En medio de un clima de expectativa por las próximas elecciones primarias de marzo 2025, los precandidatos presidenciales han manifestado posiciones divergentes sobre la participación de la empresa Smartmatic en el proceso electoral hondureño, revelando un panorama de desconfianza y cautela entre los principales actores políticos.
Posiciones encontradas y medidas preventivas
Jorge Cálix, precandidato liberal, ha sido enfático en su desconfianza hacia la empresa seleccionada para el sistema TREP, advirtiendo que no permitirán «artimañas que les permitan quedarse en el poder al margen de la voluntad popular». En una declaración contundente, Cálix estableció un paralelo con la situación venezolana, asegurando que el Partido Liberal mantendrá una postura vigilante.
Por su parte, Salvador Nasralla anunció una medida innovadora: la implementación de un «TREP paralelo» mediante tecnología Blockchain, que permitirá la transmisión en tiempo real de las actas electorales. «Smartmatic no genera confianza, pero los consejales del CNE lo han elegido y lo respetamos», señaló el precandidato liberal.
Llamado a la transparencia y supervisión
El nacionalista Nasry «Tito» Asfura ha enfocado su postura en la necesidad de garantías procesales, haciendo un llamado al CNE para implementar auditorías «antes, durante y después de las elecciones». Asfura enfatizó la importancia de respetar cada voto y asegurar que el proceso refleje la voluntad ciudadana.
Voto de confianza desde Libre
En contraste con las posturas críticas, Rasel Tomé, precandidato por el partido Libre, ha optado por dar un voto de confianza a Smartmatic, recordando que la empresa fue seleccionada mediante un proceso de licitación aprobado por el Congreso Nacional. «Si la empresa da resultados favorables en las internas se puede utilizar para las generales, sino pues se debe contratar otra», manifestó.
El debate sobre la participación de Smartmatic en las elecciones primarias refleja la tensión política y la importancia que los diferentes actores otorgan a la transparencia del proceso electoral, estableciendo un precedente crucial para la democracia hondureña de cara a las elecciones de 2025.
