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Tegucigalpa

Corte Suprema admite recurso de inconstitucionalidad en nombramiento de autoridades del Ministerio Público

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Tegucigalpa – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha dado un paso significativo al admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad que pone en tela de juicio el proceso de selección de las máximas autoridades del Ministerio Público durante su período interino, según informó César Espinal, coordinador de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

El recurso, presentado por el CNA el 20 de noviembre del año anterior, cuestiona la legitimidad del procedimiento mediante el cual fueron seleccionados Johel Zelaya como Fiscal General y Mario Morazán como Fiscal Adjunto.

La controversia se centra en que dicha elección fue realizada por una Comisión Permanente del Congreso Nacional, conformada por apenas nueve personas, evadiendo el debido proceso que requiere la aprobación del pleno legislativo.

«La Constitución establece claramente que decisiones de efecto nacional solo pueden ser aprobadas por el pleno del Congreso Nacional, especialmente cuando se trata de la elección del ente persecutor del delito», enfatizó Espinal, quien además señaló que el nombramiento fue publicado en el diario oficial La Gaceta, revistiéndose de características propias de una ley.

La admisión del recurso por parte de la Sala Constitucional plantea ahora interrogantes cruciales sobre la validez de los actos realizados durante el período en cuestión.

Esto cobra especial relevancia considerando que Zelaya ya ejerce funciones tras su posterior ratificación. «La Sala deberá determinar si los actos realizados durante ese período serían declarados nulos», explicó Espinal.

El caso ha generado expectativa en el ámbito jurídico nacional, pues podría sentar un precedente importante en la supervisión de los procesos de selección de altos funcionarios públicos.

Por el momento, las comunicaciones han sido liberadas al Congreso Nacional, y se espera que la Sala proceda al estudio detallado del recurso para emitir una resolución que podría tener importantes implicaciones para la institucionalidad del país.

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