Tegucigalpa – El estado de excepción implementado hace dos años en Honduras no ha logrado frenar la extorsión, que ahora afecta a más de 304,000 hogares, según revela un informe presentado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El estudio «Extorsión bajo la lupa: a dos años del estado de excepción» documenta un incremento de 74,126 hogares victimizados desde el inicio de la medida en 2022, elevando la tasa de victimización del 9% al 11.6% en 2024.
Paradójicamente, mientras aumentan los casos de extorsión, las denuncias han disminuido significativamente: de 1,922 en 2021 a una proyección de 484 para 2024. De manera similar, las detenciones relacionadas con este delito se reducirían de 461 a 175 en el mismo período, según datos recopilados hasta septiembre.
El impacto del fenómeno es particularmente severo en ocho departamentos del país, siendo Intibucá el más afectado con una tasa de victimización del 18.22%, seguido por Choluteca y Atlántida.
La situación se agrava por las violaciones a los derechos humanos asociadas al estado de excepción. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha documentado más de 600 denuncias por atropellos vinculados a esta medida hasta septiembre de 2024.
La ASJ señala que del Plan Antiextorsión original, que contemplaba 30 acciones, solo cinco han sido implementadas parcialmente, incluyendo la creación de mesas técnicas interinstitucionales y la capacitación de operadores de justicia.
La organización hace un llamado a reformular la estrategia de seguridad y fortalecer el Plan Antiextorsión de manera integral, proponiendo la participación activa de todos los sectores involucrados y el fin del estado de excepción como medida permanente.
