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Tegucigalpa

Honduras destina más de 110 millones de lempiras para Unidad de Política Limpia

El Congreso Nacional de Honduras aprobó un presupuesto histórico de 110.5 millones de lempiras para fortalecer la supervisión y transparencia de las elecciones primarias e internas del próximo año. La medida busca prevenir el uso indebido de fondos públicos y el ingreso de dinero ilícito en las campañas políticas.

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Tegucigalpa – En una sesión presidida por Hugo Noé Pino, el Congreso hondureño aprobó por unanimidad y bajo dispensa de debates un presupuesto de 110,563,982 lempiras destinado a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, conocida como Unidad de Política Limpia (UPL).

Los recursos, que deberán provenir de saldos disponibles en asignaciones presupuestarias nacionales o externas, serán administrados durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025. La iniciativa contempla la transferencia de estos fondos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para su posterior asignación a la UPL.

Durante el debate legislativo, diversos diputados enfatizaron la importancia de esta medida. El parlamentario Francis Cabrera destacó que el presupuesto es fundamental para evitar el uso indebido de fondos estatales en campañas políticas y prevenir la infiltración del narcotráfico en el financiamiento electoral.

Por su parte, el diputado Bartolo Fuentes fue más allá al señalar que una fiscalización efectiva en campañas anteriores podría haber llevado a la mitad de la bancada nacionalista a prisión, sugiriendo la existencia de irregularidades significativas en el pasado.

Antonio Rivera Callejas, otro de los legisladores presentes, abogó por fortalecer la capacidad operativa de la UPL, sugiriendo incluso la posibilidad de separar esta unidad del CNE para garantizar una fiscalización más efectiva de las campañas electorales.

La aprobación de este presupuesto representa un paso significativo en el esfuerzo por garantizar la transparencia y legitimidad de los próximos comicios en Honduras, estableciendo mecanismos más robustos de control sobre el financiamiento político.

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