Tegucigalpa – Un nuevo capítulo en la gestión del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha desatado alarma entre diversos sectores de la sociedad. La Comisión Interventora ha establecido un riguroso acuerdo de confidencialidad que impone severas restricciones sobre el manejo y divulgación de información institucional, medida que se extiende tanto a empleados permanentes como temporales.
El controversial documento, que ha trascendido a medios de comunicación, establece prohibiciones explícitas que van más allá de la simple protección de información sensible. Los trabajadores no solo están impedidos de revelar información clasificada como reservada a externos, sino que también se les prohíbe comentarla dentro del mismo ambiente laboral.
La normativa destaca por su alcance sin precedentes: la obligación de confidencialidad persiste incluso después de que el empleado se desvincule de la institución. Esta cláusula perpetua ha generado particular inquietud entre observadores y defensores de la transparencia institucional.
Las consecuencias por incumplimiento son significativas: los infractores se exponen a investigaciones administrativas y acciones legales que la institución determine pertinentes. Este aspecto del acuerdo ha sido interpretado por críticos como un potencial mecanismo de intimidación que podría disuadir la denuncia de irregularidades.
El silencio de la Comisión Interventora frente a los cuestionamientos públicos sobre estas medidas ha intensificado las preocupaciones sobre el verdadero propósito de estas restricciones y su impacto en la transparencia institucional del sistema de seguridad social hondureño.
