Tegucigalpa – La crisis migratoria hondureña alcanza nuevas dimensiones con la revelación del vicecanciller Antonio García sobre la existencia de 280,000 compatriotas en lista final de deportación desde Estados Unidos. Esta información surge en un momento crítico para las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
García explicó que el proceso de deportación requiere una coordinación diplomática previa. «No es que los mandan en 20 Hércules y aterrizan cuando ellos quieran», señaló el funcionario, destacando la necesidad de establecer protocolos entre ambos gobiernos para gestionar estos retornos masivos.
La situación del Estatus de Protección Temporal (TPS) también se encuentra en un momento decisivo. Las autoridades hondureñas han iniciado acercamientos preliminares a través de su embajada en Washington, aunque las negociaciones formales deberán esperar hasta la potencial instalación de una nueva administración estadounidense.
En otro frente, la Cancillería hondureña ha emprendido una campaña anticorrupción en sus representaciones diplomáticas. García reveló que se han tomado medidas drásticas contra la corrupción consular, resultando en el despido de cuatro cónsules y seis empleados locales por irregularidades, incluyendo cobros ilegales. «Hay cero tolerancia», enfatizó el vicecanciller, señalando que las acciones se toman únicamente con evidencia contundente.
Respecto al tratado de extradición, García aclaró que este tema es manejado exclusivamente por el canciller Eduardo Reina y la presidenta Xiomara Castro, manteniendo la definición de la posición oficial en los más altos niveles del gobierno.
