Tegucigalpa – El exfiscal general de Honduras, Edmundo Orellana, ha expresado su profundo desacuerdo con la reciente decisión judicial que otorgó arresto domiciliario a tres generales retirados acusados por la muerte de Isy Obed Murillo durante los eventos del golpe de Estado de 2009.
Sus declaraciones vinculan este caso con un patrón más amplio de impunidad en el país.
A través de su cuenta en la red social X, Orellana, quien también fungió como ministro en gobiernos anteriores, estableció una conexión directa entre esta decisión judicial y lo que considera una falta sistemática de justicia para el pueblo hondureño.
El exfiscal señaló específicamente que la impunidad se extiende a quienes «rapiñaron, en miles de millones, el presupuesto de la República» y contribuyeron a lo que denomina «12 años de narcodictadura».
La decisión judicial en cuestión beneficia a los generales en retiro Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, quienes enfrentan cargos por el homicidio de Murillo y la tentativa de homicidio de Alex Zavala.
El juez dictaminó el arresto domiciliario junto con medidas adicionales como la vigilancia por parte de abogados y la prohibición de salir del país.
Las declaraciones de Orellana se suman a un creciente debate sobre la efectividad del sistema judicial hondureño para procesar casos relacionados con violaciones de derechos humanos durante el golpe de Estado, cuestionando la capacidad del sistema para proporcionar justicia en casos de alto perfil político.
