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Ana Cardona juramentada por quinta vez como jueza y lo considera un ‘castigo’

La juramentación de Ana Cardona como jueza por quinta vez se produce tras su destitución como coordinadora de los Juzgados de Familia, en lo que ella califica como una medida de castigo por denunciar irregularidades en el Poder Judicial hondureño ante organismos internacionales.

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Tegucigalpa – En un giro que evidencia las tensiones en el sistema judicial hondureño, la abogada Ana Cardona fue juramentada este martes como jueza de la República, en lo que ella misma ha descrito como una represalia por sus denuncias sobre irregularidades en el Poder Judicial. «Juramentada por quinta vez en un cargo de Jueza, esta vez la juramentación tiene sabor a castigo», expresó Cardona a través de su cuenta en la red social X.

La funcionaria judicial vinculó directamente esta situación con su reciente comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expuso presuntas arbitrariedades cometidas contra jueces y magistrados en Honduras. En su testimonio, Cardona denunció violaciones a principios fundamentales como la independencia judicial y la inamovilidad de los funcionarios judiciales.

El caso de Cardona tomó relevancia el pasado 24 de enero, cuando fue removida de su cargo como coordinadora de los Juzgados de Familia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta destitución se produjo en medio de sus constantes denuncias sobre atropellos por parte de las autoridades del Poder Judicial.

Ana Cardona 1

La situación ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y observadores del sistema judicial, quienes ven en este caso un posible patrón de represalias contra funcionarios que denuncian irregularidades. La juramentación de Cardona, en lugar de representar un avance en su carrera judicial, se ha convertido en un símbolo de las presuntas presiones que enfrentan los jueces que se atreven a alzar la voz contra las irregularidades en el sistema.

El caso pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema judicial hondureño en términos de independencia y protección a funcionarios que denuncian irregularidades, especialmente cuando estas denuncias alcanzan instancias internacionales como la CIDH.

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