Tegucigalpa – La aprobación del Presupuesto General de Honduras enfrenta un nuevo obstáculo mientras aumentan las tensiones entre el partido gobernante y la oposición. Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, ha denunciado que el Partido Libertad y Refundación (Libre) está empleando tácticas de presión que podrían comprometer la realización de las próximas elecciones.
Según Zambrano, el estancamiento en las negociaciones presupuestarias se debe principalmente a la resistencia del partido oficialista para incorporar propuestas de la oposición. Entre las demandas no atendidas destacan el incremento en las transferencias municipales y la eliminación de la controversial «Partida Confidencial» (449), aspectos que la oposición considera fundamentales para un presupuesto equilibrado.
«Libre quiere asfixiar, presionar y extorsionar», afirmó el legislador, quien señaló que el partido gobernante está utilizando la falta de pago a empleados públicos y la escasez de medicamentos en hospitales como mecanismos de presión para forzar la aprobación del presupuesto. Zambrano califica estas acciones como «una extorsión a la oposición y al pueblo hondureño».
El parlamentario nacionalista reveló que el oficialismo está ejerciendo presión sobre diversos sectores sociales, argumentando que la falta de aprobación presupuestaria es la causa de múltiples deficiencias en servicios públicos. Sin embargo, Zambrano sostiene que estas justificaciones son parte de una estrategia política para responsabilizar a la oposición por problemas administrativos que no dependen exclusivamente del presupuesto.
La situación se complica al incluir áreas sensibles como infraestructura y seguridad en el debate, donde el partido de gobierno argumenta la falta de fondos como consecuencia directa del impasse presupuestario. Para el jefe de bancada del Partido Nacional, estas declaraciones oficiales buscan generar incertidumbre y presionar a los diputados opositores.
El conflicto presupuestario pone de manifiesto la profunda división política en el Congreso Nacional y plantea interrogantes sobre la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar acuerdos en temas fundamentales para el funcionamiento del Estado. La advertencia sobre posibles riesgos para el proceso electoral añade un nivel adicional de preocupación al debate presupuestario en curso.
