Tegucigalpa – El sistema judicial hondureño ha iniciado una carrera contrarreloj para procesar todas las solicitudes de extradición pendientes hacia Estados Unidos, según anunció este martes la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando. Esta medida surge ante la inminente expiración del tratado de extradición entre ambas naciones, programada para el 28 de febrero.
La máxima autoridad judicial enfatizó que están priorizando especialmente los casos relacionados con el tráfico de fentanilo, una sustancia que ha causado estragos significativos en la sociedad estadounidense. «Estamos acelerando el proceso para que todas las solicitudes previas puedan ejecutarse y los extraditables sean transferidos a Estados Unidos», explicó Obando.
Por su parte, el canciller Enrique Reina mantiene una postura abierta al diálogo, señalando que Honduras está dispuesta a considerar nuevas propuestas de la administración Trump relacionadas con el tratado. «La extradición es un mecanismo importante que sirve al país. De hecho, mantenemos varios tratados de extradición vigentes y participamos en diversos convenios internacionales», destacó el funcionario.
La decisión del gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya de no renovar el tratado ha generado preocupación en diversos sectores del país. Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), advierte sobre las posibles repercusiones económicas, subrayando que la vigencia del tratado transmite confianza a los inversionistas internacionales.
El debate sobre la continuidad del tratado se intensifica mientras representantes de sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil hacen un llamado unánime al gobierno para reconsiderar su posición, argumentando que el mecanismo de extradición es fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación judicial entre Honduras y Estados Unidos, especialmente en materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional, mientras el reloj avanza hacia la fecha límite del 28 de febrero.
