Tegucigalpa – Una controversia ha surgido en torno a la presencia de la peligrosa banda criminal Tren de Aragua en Honduras, tras declaraciones contradictorias entre autoridades nacionales y diplomáticas.
La embajadora estadounidense Laura Dogu confirmó que entre los deportados venezolanos que transitan por Honduras se encuentran miembros de esta organización criminal, mientras que el Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, niega categóricamente su presencia en territorio nacional.
La diplomática estadounidense agradeció públicamente al gobierno hondureño por facilitar el tránsito de ciudadanos venezolanos deportados a través de la Base Aérea Soto Cano, revelando específicamente la presencia de «criminales convictos y miembros de la pandilla Tren de Aragua» entre los deportados.
«Lograr una región más segura en las Américas requerirá una colaboración continua en toda la región», expresó Dogu en sus redes sociales.
Sin embargo, en una postura contrastante, el Ministro de Seguridad Gustavo Sánchez declaró enfáticamente que «no existe presencia de esa estructura criminal acá», contradiciendo incluso las declaraciones previas de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien había alertado sobre la presencia del grupo criminal en el país.
La situación se torna más compleja considerando los recientes rumores sobre la actividad de esta organización criminal en el departamento de La Paz, lo que ha generado preocupación entre la población local.
A pesar de negar su presencia, Sánchez aseguró que la Policía Nacional está preparada para enfrentar cualquier amenaza, destacando la disponibilidad de recursos del estado de excepción como mecanismo de respuesta.
Esta discrepancia en las declaraciones oficiales plantea interrogantes sobre la coordinación entre las autoridades nacionales y la efectividad de los sistemas de inteligencia y seguridad del país.
Mientras tanto, la confirmación de la embajadora estadounidense sobre el tránsito de miembros del Tren de Aragua por territorio hondureño añade una nueva dimensión a las preocupaciones sobre seguridad regional.
La situación demanda una clarificación urgente por parte de las autoridades hondureñas para establecer una postura oficial coherente sobre la presencia o ausencia de esta peligrosa organización criminal en el territorio nacional, así como las medidas preventivas y de seguridad implementadas para proteger a la población.
