Tegucigalpa – El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INP), coronel Ramiro Muñoz, confirmó que se ha logrado bloquear efectivamente las comunicaciones telefónicas en los principales centros penales de Honduras, como parte de una estrategia integral para combatir la extorsión y otros delitos coordinados desde el interior de las prisiones.
«El trabajo que se está haciendo junto a Conatel y las empresas de telecomunicaciones ya está dando resultados. Cuando estas empresas no estaban cumpliendo se denunció; hoy estas empresas están cumpliendo con lo solicitado y estas son buenas noticias», destacó Muñoz.
Centros penales intervenidos
El funcionario detalló que entre las cárceles donde ya se ha implementado el bloqueo de señales se encuentran:
- Penitenciaría Nacional de Támara
- Centro Femenino de Adaptación Social (cárcel de mujeres)
- La Tolva
- El Pozo
- Centro penal de El Progreso
- Centro penal de Choluteca
- Centro penal de Danlí
- Centro penal de La Paz
Impacto esperado
Muñoz fue enfático al señalar que esta medida busca transformar la realidad de los centros penales, que históricamente han sido identificados como puntos de origen de la extorsión en el país.
«Ya están bloqueados, no serán los centros penales los lugares donde se extorsionan a las personas. Hay que asumir las responsabilidades y los centros penales ya no son los centros de extorsión del país», argumentó el coronel.
El jefe del INP también destacó que se están implementando programas para mantener a los privados de libertad ocupados en diversas actividades productivas, como parte de una estrategia integral que combina medidas restrictivas con oportunidades de rehabilitación.
La extorsión ha sido uno de los delitos que más afecta a la población hondureña, con miles de comerciantes, transportistas y ciudadanos comunes que se ven obligados a pagar el llamado «impuesto de guerra» a grupos criminales que operan desde las cárceles.
Las autoridades esperan que estas medidas contribuyan significativamente a reducir este flagelo, mejorando la seguridad ciudadana y las condiciones para el desarrollo económico del país.
