Tegucigalpa – La Secretaria de Derechos Humanos (SEDH), Angélica Álvarez, expresó su enérgica condena al brutal asesinato del ambientalista Juan Silva y su hijo Juan Antonio Silva, cuyos cuerpos fueron encontrados desmembrados este jueves en un barranco del bosque de Santa Cruz de Soroguara, en la Villa de San Antonio, Comayagua.
A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria manifestó: «Condenamos el vil asesinato contra el ambientalista Juan Silva, y su hijo Juan Antonio, en Las Botijas, Villa de San Antonio, Comayagua». En su mensaje, instó al Ministerio Público a realizar una «investigación exhaustiva e imparcial» que permita identificar a los responsables de este doble homicidio.
Álvarez afirmó que respalda las denuncias contra grupos criminales que operan en la zona y atentan contra los bienes comunes y públicos. «Los defensores ambientalistas son héroes de la humanidad que defienden la vida misma, repudiamos la violencia contra defensoras y defensores, basta ya», concluyó la titular de la SEDH.
Este crimen se suma a una preocupante estadística que confirma el alto riesgo que enfrentan los defensores ambientales en Honduras. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el país centroamericano es uno de los territorios más peligrosos para ejercer labores en defensa de los derechos humanos.
Las cifras son alarmantes: desde 2022 hasta la fecha, más de 30 defensores del ambiente y la tierra han sido asesinados en Honduras. La gravedad de la situación ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a emitir tres sentencias contra el Estado hondureño por casos relacionados.
En un contexto regional igualmente preocupante, durante el 2023 fueron asesinados 196 defensores ambientales en América, según datos de la organización Global Witness. Colombia, Brasil y Honduras encabezan la lista de países con mayor número de estos crímenes.
El caso de los Silva ha conmocionado a la opinión pública no solo por su brutalidad sino porque podría estar vinculado a denuncias por tala ilegal que el ambientalista había presentado ante las autoridades, lo que refuerza la hipótesis de un crimen en represalia por su activismo ambiental.
