Tegucigalpa – Un nuevo capítulo de tensión entre críticos y autoridades se desarrolla tras la detención de Norman Alonso Mondragón, un exoficial de 30 años que fue capturado por la Policía Nacional poco después de que publicara en TikTok graves señalamientos contra un presunto sobrino del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Según la denuncia realizada por Mondragón en redes sociales, este supuesto familiar del alto funcionario tendría conexiones con estructuras criminales y estaría vinculado a la muerte de un empresario en San Pedro Sula. Las acusaciones, que apuntaban directamente hacia la cúpula de seguridad del país, fueron seguidas horas después por su detención.
El portavoz policial Edgardo Barahona justificó el arresto afirmando que Mondragón estaba siendo investigado por presuntamente solicitar dinero a personas para integrarlas a caravanas migrantes con destino a Estados Unidos. De acuerdo con Barahona, existen denuncias formales contra el exoficial depurado provenientes de afectados en los departamentos de Comayagua y La Paz.
Esta no sería la primera confrontación de Mondragón con el gobierno actual. Anteriormente, protagonizó un incidente al irrumpir en un evento de la Secretaría de Transparencia, donde cuestionó la ausencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) y lanzó duras críticas comparando las acciones del actual gobierno con administraciones anteriores.
La sincronización entre la denuncia pública y la posterior detención ha generado reacciones divididas. Mientras algunos consideran que la captura responde a una investigación legítima en curso, voces críticas señalan que podría tratarse de una represalia destinada a silenciar sus acusaciones.
En redes sociales, diversos usuarios han expresado preocupación con mensajes como «Capturándolo no lo van a callar», mientras exigen una investigación independiente tanto sobre su caso como sobre las denuncias que realizó antes de ser detenido.
El caso ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión y la transparencia institucional en el país, planteando interrogantes sobre los mecanismos de rendición de cuentas y la respuesta de las autoridades ante denuncias que involucran a altos funcionarios.
