Tegucigalpa – La Policía Nacional emitió este viernes un comunicado oficial anunciando una orden de captura contra el abogado Rolando Josué Sánchez Salinas, quien está siendo investigado por su presunta vinculación con el homicidio del empresario Franklin Villeda.
Según las investigaciones policiales, el profesional del derecho habría incurrido en una serie de falsas representaciones, presentándose fraudulentamente como criminólogo especializado en lavado de activos, rastreo de sustancias psicotrópicas y localización de narcotraficantes.
Un aspecto destacado del comunicado es el desmentido categórico sobre el supuesto parentesco entre el imputado y el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. La institución policial aseguró que «no existe ningún tipo de parentesco, ni por afinidad ni consanguinidad, ni cercano ni lejano» entre ambos, contradiciendo las afirmaciones que el propio Sánchez Salinas habría divulgado.
Las autoridades señalaron que el sospechoso se presentaba como director del departamento legal de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y se acercaba a agentes policiales de la escala básica argumentando ser una persona de confianza del gobierno actual.
El comunicado detalló que Sánchez Salinas también utilizaba falsas credenciales de ambientalista y defensor de derechos humanos para ganarse la confianza de terceras personas. Sin embargo, su historial laboral en Copeco fue clarificado: ingresó el 1 de agosto de 2021 como auxiliar de auditoría, posteriormente pasó al despacho ministerial y la dirección de servicios legales, hasta su cancelación formal el 13 de marzo de 2023.
Respecto a la seguridad policial que recibía, la institución explicó que esta se originó tras una solicitud formal mediante un memorándum de entendimiento emitido el 7 de mayo de 2023 por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh). Posteriormente, las autoridades descubrieron que el abogado justificaba la presencia de uniformados alegando que el Conadeh había solicitado dicha protección.
Ante estos hallazgos, la Policía ordenó la suspensión inmediata de cualquier mecanismo de seguridad asignado al imputado. No obstante, Sánchez Salinas habría mantenido contacto con agentes policiales, involucrándolos en actividades ilícitas.
Como consecuencia de estas irregularidades, la institución anunció la suspensión de un oficial con rango de subcomisionado por la asignación indebida de agentes para la protección del sospechoso.
