Tegucigalpa – El abogado Carlos Chajtur presentó este lunes un recurso legal solicitando que se declare «sin valor ni efecto» la extradición diferida de su cliente Rafael Sosa Méndez, quien está próximo a completar su condena por tráfico de armas en Honduras este martes 4 de marzo, tras lo cual debería ser entregado a las autoridades estadounidenses.
El argumento central de la defensa se basa en la presunta expiración del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, que según Chajtur concluyó su vigencia el pasado 28 de febrero. «En Honduras desde el pasado 28 de febrero no existe el convenio de extradición», afirmó categóricamente el jurista.
Chajtur cuestionó además la medida adoptada por la presidenta Xiomara Castro, quien anunció la «suspensión» del tratado, señalando que tal figura no está contemplada en la legislación vigente. «Eso de suspender la denuncia como lo hizo la presidenta Xiomara Castro no existe en la legislación vigente, lo que correspondía era negociar un nuevo tratado de extradición de conformidad con los intereses de ambas naciones», explicó el abogado.
Respecto al futuro inmediato del caso, el defensor indicó que la justicia hondureña deberá resolver el escrito presentado, aunque advirtió sobre posibles acciones legales posteriores si su cliente es extraditado a pesar de sus argumentos. «Lo podrán enviar, pero luego vendrán las acciones legales que corresponden», sentenció.
El caso de Sosa Méndez se remonta al 30 de abril de 2020, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras concedió su extradición diferida tras ser solicitado por la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, por delitos relacionados con narcotráfico. La modalidad de extradición diferida establecía que el acusado debía primero cumplir su condena en Honduras por tráfico de armas antes de ser entregado a la justicia estadounidense.
Esta solicitud de la defensa se produce en un contexto de tensión diplomática tras el anuncio del gobierno hondureño sobre la suspensión del tratado de extradición con Estados Unidos, una medida que ha generado controversia tanto en el ámbito jurídico como en el político.
