Tegucigalpa – En una conferencia de prensa ofrecida desde su domicilio, donde hasta ahora cumplía la medida de arresto domiciliario, Vásquez Velásquez reaccionó con dureza a la resolución judicial que ordena su traslado a prisión, junto con los generales retirados Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, por su presunta responsabilidad en la muerte del joven Isis Obed Murillo, ocurrida el 5 de julio de 2009.
«Soy un preso político que no he cometido un delito, mi única acción fue defender a mi patria en 2009 del abuso de los políticos, que nos querían imponer una dictadura», declaró el exjefe castrense ante los medios de comunicación.
La Corte de Apelaciones de lo Penal no solo declaró ha lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público para modificar la medida cautelar, sino que también recalificó el delito de homicidio y lesiones graves a asesinato, lo que agrava la situación legal de los imputados.
Vásquez Velásquez señaló que ya estuvo 58 días privado de libertad: siete en la cárcel de Támara y 51 en su domicilio. Enfatizó que en 2009 solo cumplió una orden emitida mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), institución que ahora, 15 años después, los acusa.
El general retirado exigió al Ministerio Público que presente pruebas que demuestren que él dio la orden de disparar o asesinar a alguien. «Ni siquiera tienen los hechores y vienen con la excusa que somos violadores de la Constitución de la República y asesinos», criticó.
En un tono alarmante, Vásquez Velásquez aseguró tener información sobre un presunto plan para atentar contra su vida. «Yo no les tengo miedo, sé que hay intenciones de una persecución contra mí y mi familia. Ahora tengo información que quieren asesinarme. ¿Será que por eso quieren mandarme a Támara? ¿Será que llegaron a un arreglo con alguien para asesinarme?», manifestó.
El exjefe militar vinculó su situación judicial con la coyuntura política actual, afirmando que el proceso en su contra es una venganza política a seis días de las elecciones primarias. También acusó al partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) de atravesar una crisis por «altos niveles de corrupción», de asociarse con el narcotráfico y de no resolver problemas como la crisis energética.
Finalmente, Vásquez Velásquez increpó que la pretensión del actual gobierno es mantenerse en el poder y silenciar a la oposición mediante acciones como la que él enfrenta.
El caso se remonta a los sucesos del 28 de junio de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue derrocado en un golpe de Estado, durante el cual Romeo Vásquez Velásquez ejercía como jefe de las Fuerzas Armadas.
