Un tribunal surcoreano ordenó este viernes la liberación del presidente Yoon Suk-yeol, quien se encuentra apartado del cargo tras ser arrestado y acusado de insurrección debido a la imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
La decisión judicial le permitirá enfrentar su juicio penal en libertad, mientras el Tribunal Constitucional evalúa si su destitución es definitiva o si se le restituye en el poder.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl aceptó la solicitud de liberación de Yoon argumentando que su detención había superado el período legal permitido y que la agencia que lo arrestó no tenía autoridad para procesar delitos de rebelión criminal.
Yoon fue acusado de traición luego de desplegar tropas en la Asamblea Nacional, en un acto que evocó el pasado autoritario de Corea del Sur. Sin embargo, su ley marcial fue revocada en menos de seis horas cuando el Parlamento logró reunirse y anular la medida.
Pese a la decisión judicial, Yoon seguirá tras las rejas hasta que la Fiscalía decida si apelará la medida. Su abogado, Seok Dong-hyeon, explicó que su cliente solo será liberado si los fiscales renuncian a su derecho a apelar o no presentan un recurso dentro del plazo legal. Los fiscales no respondieron de inmediato a las consultas de la prensa sobre su postura ante el fallo.
La posible liberación de Yoon se produce más de un mes después de su detención el 14 de enero, cuando se le imputaron cargos de insurrección. Este delito es el único por el cual un presidente en funciones no goza de inmunidad en Corea del Sur. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
El futuro político de Yoon ahora depende del fallo del Tribunal Constitucional, que debe determinar si su destitución, decretada apenas once días después de la declaración de la ley marcial, se mantiene o si puede retomar el cargo.
El proceso de juicio político ya ha concluido y se espera un veredicto en las próximas semanas. Aunque el tribunal tiene hasta junio para decidir, medios locales especulan que el fallo podría conocerse a mediados de marzo, debido a la expiración del mandato de dos magistrados el 18 de abril.
Si el Tribunal Constitucional ratifica su destitución, Yoon será cesado oficialmente y Corea del Sur deberá convocar elecciones anticipadas en un plazo de 60 días.
Tensión política y protestas en las calles
El arresto y proceso judicial de Yoon han intensificado la polarización en Corea del Sur, generando multitudinarias manifestaciones tanto a favor como en contra del ex presidente.
Sus seguidores exigen su restitución y justifican la ley marcial, argumentando que su objetivo era proteger la estabilidad del país ante lo que consideraban una amenaza del Partido Demócrata, la principal fuerza opositora.
Por otro lado, la oposición y grupos progresistas sostienen que la acción de Yoon fue un intento de golpe de Estado y piden que su destitución se confirme de manera definitiva.
Las protestas han derivado en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, lo que ha llevado a un refuerzo del despliegue policial en Seúl.
La crisis política desatada por la declaración de la ley marcial y la destitución de Yoon ha sumido a Corea del Sur en un periodo de incertidumbre institucional. De confirmarse la destitución, el país deberá prepararse para elecciones anticipadas en un plazo de dos meses, lo que podría reconfigurar el panorama político.
Mientras tanto, Yoon sigue siendo procesado penalmente y, pese a su liberación, enfrenta la posibilidad de una sentencia severa por insurrección.
La decisión del Tribunal Constitucional será clave para determinar si el país avanza hacia una transición política o hacia un nuevo capítulo de inestabilidad.
Con información de EFE y The Associated Press
