Por: El PaísEl Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de reforma que endurecerá los requisitos para la autorización y creación de nuevas universidades en España. Aunque atañe tanto a las públicas como a las privadas, a nadie se le oculta que las mayores afectadas serán estas últimas, que en los últimos tres decenios han vivido un crecimiento acelerado: 32 de las 46 actuales se han puesto en marcha desde 1998 y 10 más están en proyecto. En paralelo, los campus públicos se han estancado en 50 desde la aprobación del último, hace 27 años. Aunque el alumnado del sistema público sigue siendo claramente mayoritario en los grados, el privado ya lo ha superado en los másteres, un tipo de títulos cada vez más demandado por el mercado laboral, pero con un coste económico inasumible para muchas familias.
Cada vez más jóvenes optan por los estudios superiores, lo que supone un evidente avance social y un éxito colectivo. Pero ese crecimiento ha sido enormemente descompensado: entre el curso 2014-2015 y el actual, la matrícula en los centros públicos apenas ha aumentado un 2%, mientras que en los privados lo hacía en un 117%. Esa tendencia ha permitido que —junto a campus privados de prestigio y larga experiencia— nazcan otros de dudosa calidad, creados incluso a pesar de tener los informes técnicos en su contra.
La actual reforma plantea requisitos más rigurosos para poner en marcha una universidad: deberá contar con un informe técnico vinculante (los actuales no lo son), alcanzar los 4.500 alumnos en su primer lustro de vida y garantizar la solvencia económica del proyecto. El cambio —una enmienda a la regulación que el Gobierno puso ya en marcha en 2021— beneficiará a las propias universidades privadas, a sus alumnos y a la calidad de sus titulaciones, tanto por poner coto a empresas y grupos más interesados en el negocio que en la enseñanza misma como por mejorar las condiciones de los centros que ya funcionan. Así, será más rigurosa la exigencia de investigación, pilar fundamental —junto a la docencia— de una educación superior que se precie y uno de los hándicaps más serios de algunos centros privados.
Las universidades —que, con la excepción de la UNED, dependen de las comunidades autónomas— están hoy sometidas en España a una pugna política con tintes de guerra cultural de la que —con criterios estrictamente académicos— hay que sacarla de inmediato por el bien de un país cuyo avance intelectual y científico, económico y social, resulta imposible si no se ataja el deterioro de la formación superior. Asistimos a una ofensiva conservadora contra el sector público que en los campus se ha traducido en una persistente asfixia económica, cuyo ejemplo más sangrante es la actitud —denunciada reiteradamente por los rectores— del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Abrir el debate sobre la calidad de las universidades privadas no impide reflexionar sobre lo que sucede en las públicas, infrafinanciadas, mal dotadas, con profesores precarios o mal pagados y sometidos a una carga burocrática que ahoga la investigación. Pero todos —incluidos quienes, legítimamente, optan por estudiar en una institución privada— deben ser conscientes de que el mejor aval para la igualdad de oportunidades es una enseñanza pública fuerte y de alto nivel. En un mundo cada vez más complejo en todos los órdenes, España necesita buenas universidades —públicas y privadas—, pero debe, sobre todo, evitar tanto el clasismo en la enseñanza superior como su conversión en un mero negocio sin regular.
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