Tegucigalpa – El vocero y miembro de la junta interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Gustavo Boquín, informó este jueves que la organización utilizará parte de su presupuesto restante para saldar las deudas de la “administración anterior”.
El funcionario expresó que tienen “la responsabilidad de solicitar a Invest-H los montos necesarios para honrar los pasivos que la administración anterior había adquirido”.
La posición de los interventores del ente encargado de adquirir los insumos para combatir la pandemia ocurre luego de que la Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció que no otorgaría fondos adicionales para saldar deudas debido a la falta de recursos por el Estado.
A esto, Boquín respondió que “estos compromisos hacen que el Estado de Honduras tenga que honrarlos.”
“Sin embargo, dentro del marco de la ley, que nos permite la modificación de las partidas presupuestarias para dar prioridad a salvaguardar la vida humana, la Comisión Interventora procederá a hacer los ajustes necesarios y una programación de pagos de emergencia para poder honrar… todas las obligaciones contractuales,” señaló el interventor.
En este sentido, el funcionario explicó que la misión principal de Invest-H es retornarle “su institucionalidad y a su quehacer principal que es crear oportunidades al pueblo hondureño mediante una infraestructura y apoyo al sector agrícola pertinente.”
¿Para qué es la deuda?
El pasado 16 de agosto, Boquín ofreció una entrevista radial en la que explicó que el ente solicitaba 232 millones de lempiras para saldar deudas a los desarrolladores del plantel de los hospitales móviles, además de pagos por medicamentos y kits de extracción para pruebas de COVID-19.
“Tenemos deudas de alrededor de 230 millones no solo por las compras de MAIZ y Catracho, ahí van varias partidas: la gente que construyo los planteles, los kits de extracción y los últimos pagos de los respiradores médicos se deben dineros todavía,” adujo en su tiempo el representante de Invest-H.
Luego agregando que, “no queda de otra hacerle frente y resolver este problema para que no perjudique más las finanzas del estado”.
Cabe resaltar que la institución ha sido investigada por el Ministerio Público en los últimos meses luego de cuestionamientos por organizaciones civiles y veedoras de supuesto fraude y mala administración de los recursos del Estado.
