Tegucigalpa. – El Ministerio Público lleva más de 150 días desde que comenzó el proceso investigativo del primer supuesto caso de corrupción cometido durante la pandemia del Covid-19, sin embargo, dicho proceso no incluye ninguna judicialización.
La Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) ha abierto 16 líneas de investigación en una variedad de casos desde abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios.
El titular de esa fiscalía, Héctor Morales, aseguró que, “la Fetccop junto con la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), están trabajando para dar respuesta a la sociedad, lo que pasa es que cuesta un poco armar un expediente para requerimiento fiscal con suficientes elementos de prueba y así no lo batean en los juzgados”.
Por su parte, representantes del Ministerio Público informaron que “los fiscales anticorrupción seguirán el curso de las investigaciones de manera objetiva y apegados al debido proceso, procurando en todo momento encontrar la verdad de los hechos y dar una respuesta clara a la ciudadanía que demanda acciones precisas para desvirtuar o no la supuesta corrupción en el manejo de fondos durante la crisis por el Covid-19”.
Investigaciones
Durante la pandemia el ente investigador del Poder Judicial abrió casos investigando irregularidades en las compras por diversos funcionarios.
Una de las principales fue la de la compra de los siete hospitales móviles, la cual costó un aproximado de 47 millones de dólares, gestionada y aprobada por el directivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn.
Al momento se conoce que el exfuncionario autorizó la millonaria compra sin la autorización del Consejo Directivo de Invest-H, que es la máxima autoridad de la institución y sin coordinar previamente con las autoridades de salud.
A esto, también se suma el hecho que Bográn gestionó la compra a través de una empresa sin experiencia comprobada en la construcción de hospitales móviles.
Cabe resaltar que el exfuncionario es también el principal investigado en el caso referente a la compra sobrevalorada de insumos de bioseguridad y ventiladores mecánicos, y la contratación de consultorías.
A finales de agosto, el Ministerio Público comunicó que el ente estaba a la espera de autoridades estadounidenses, entre ellas el FBI, para emitir requerimientos contra varios investigados.
Por otra parte, la venta de un lote de 274 mil mascarillas a Invest-H son investigados la diputada Waleska Zelaya y su esposo Juan José Lagos, quienes presuntamente vendieron los insumos de forma sobrevalorada.
Sumado al caso, están también las investigaciones por la compra de supuestas percoladoras y televisores sobrevalorados, y otros tres casos más.
El investigado en estos casos es el extitular de Copeco, Gabriel Rubí. Mientras, en la Secretaría de Salud se indaga sobre la compra irregular de material y equipo de bioseguridad.
Asimismo, los fiscales anticorrupción investigan desde el pasado 22 de mayo otro caso que se abrió de oficio por el supuesto mal uso de una donación de Corea de un lote de ventiladores mecánicos para pacientes con covid-19 en el Hospital General Atlántida.
Otras tres líneas de investigación fueron abiertas en relación con la instalación y abandono de un hospital móvil en Villanueva, Cortés; las donaciones del programa Honduras Solidaria a la alcaldía de El Progreso y la compra de pruebas rápidas por parte de Invest-H en la zona norte del país.
La última se refiere al vencimiento de 250 mil pruebas PCR por no cumplir con la temperatura adecuada para su mantenimiento.
