Lima. – El Parlamento de Perú ha destituido este lunes al presidente Martín Vizcarra. Era el segundo intento del Parlamento tras pasar casi dos meses de una primera moción para retirarlo por “incapacidad moral permanente”.
La mayoría de congresistas votaron a favor de la “vacancia presidencial” para luchar contra la corrupción, debido a que el mandatario es investigado por la Fiscalía por la supuesta recepción de sobornos, en 2013 y 2014, de empresas contratistas del Gobierno Regional de Moquegua cuando él se desempeñaba como gobernador de esa región. El mandatario ha negado las imputaciones.
De acuerdo con la Constitución, se requerían 87 votos para destituir al jefe de Estado -dos tercios de la representación- y la iniciativa superó con creces ese umbral al alcanzar las 105 adhesiones, 19 votos en contra y cuatro abstenciones.
También varios miembros y líderes de los grupos políticos que promovieron desde septiembre la remoción de Vizcarra están investigados por lavado de activos, corrupción y otros delitos, pero este lunes se han sumado otros partidos que no enfrentan tales acusaciones, como el Frente Popular Agrícola del Perú y algunos parlamentarios del izquierdista Frente Amplio.
Minutos después de la decisión del Congreso, ha habido un bocinazo y cacerolazo en el distrito de clase media de Jesus María, en Lima, y el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, cuya bancada votó en contra de la destitución de Vizcarra, ha llamado a manifestarse en la Plaza San Martín, una de las principales de la capital.
Según una encuesta de finales de octubre de Ipsos Perú, el 78 por ciento de los ciudadanos estaba a favor de que Vizcarra continuara en el cargo, y que las investigaciones siguieran su curso -tanto sobre su influencia en la contratación irregular de su amigo como sobre los supuestos sobornos- luego del fin de su mandato, que estaba previsto para julio del próximo año.
El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, pidió al Parlamento reconsiderar su posición debido a la grave crisis económica y sanitaria que atraviesa el país sudamericano, uno de los más afectados por la pandemia del Covid-19.
El martes asumirá como presidente de transición el jefe del Parlamento, Manuel Merino, de Acción Popular, un político que tuvo un rol crucial en la primera moción para destituirlo en septiembre, pues permitió a un congresista -sobre quien pesan acusaciones constitucionales- difundiera en un pleno del Congreso audios de conversaciones del presidente y su entorno sobre la contratación irregular de un amigo de Vizcarra como consultor del Ministerio de Cultura.
Un centenar de personas llegó la noche del lunes a la Plaza de Armas de Lima para manifestarse contra la decisión del Parlamento. Convocaron un plantón la tarde del martes en los alrededores del Congreso, media hora antes de la sesión de juramentación de Merino en reemplazo de Vizcarra.
En la ciudad de Trujillo, en la costa norte, otro grupo de ciudadanos se ha congregado esta noche con carteles de “La democracia se defiende”, “Congreso golpista”, reportó Radioprogramas.
La propuesta de destitución del presidente fue presentada el 20 de octubre por 27 congresistas después de que la prensa publicara testimonios de personas que quieren colaborar con la Fiscalía sobre el supuesto pago de sobornos a Vizcarra por parte de la constructora Obrainsa y su socia italiana Astaldi, a cambio de la adjudicación de una obra de irrigación llamada Lomas de Ilo. Según pruebas entregadas por la acusación, el monto ascendía a unos 281 mil dólares.
La figura de la moción de censura, llamada vacancia presidencial, por “permanente incapacidad moral” está prevista en la Constitución de 1993, aunque no existe una definición precisa de dicha condición.
La primera vez que se usó para destituir a un mandatario fue contra Alberto Fujimori en el año 2000. Este renunció a la presidencia por fax desde Brunéi cuando surgieron vídeos de la corrupción de su Gobierno. En la práctica, si los congresistas obtienen 87 votos, pueden destituir al presidente si se ponen de acuerdo en echarlo.
En septiembre, cuando el Congreso planteó la primera moción para retirar a Vizcarra, el Ejecutivo presentó ante Tribunal Constitucional una “demanda de competencia” para que los magistrados indicaran cómo debe interpretarse la causal de “incapacidad moral permanente”.
El Constitucional admitió la demanda, solicitó al Congreso su versión sobre la cuestión, pero este poder del Estado no respondió. Por ello hasta ahora el Tribunal Constitucional no ha precisado qué situaciones o hechos encajan en la definición de “incapacidad moral permanente”.
La sesión de debate de la destitución empezó pasadas las 10:00 de la mañana del lunes con la intervención de Vizcarra acerca de los supuestos sobornos recibidos. “Debo decir que son hechos falsos y, en segundo lugar, no corroborados, son hechos que están en proceso de investigación, son hipótesis, no hay nada definitivo que se pueda armar en relación con los mismos”, afirmó el mandatario.
En su intervención, lanzó un ataque que fue respondido con un abucheo de los parlamentarios. “Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones, por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”, se preguntó Vizcarra.
El Congreso que ha derrotado a Vizcarra ha tenido una alta desaprobación desde que asumió funciones en marzo, luego de que la disolución del anterior.
Su desempeño ha transcurrido en el mismo período de la pandemia, y la crisis económica y sanitaria que ésta ha causado en Perú y se ha caracterizado por proyectos de ley populistas, que pugnaban por aprobar mayores porcentajes de retiro de fondos del sistema privado de pensiones -para que los ciudadanos afronten la emergencia o el desempleo-, y modificar las normas para que quienes aportan a la seguridad social estatal, recibieran fondos anticipadamente, aunque no hubieran pagado los años estipulados por ley.
Un 64 por ciento de los encuestados por la firma Datum en octubre opinaba que había intereses políticos y personales en esos proyectos de ley.
Por otro lado, tres de los grupos políticos que promovieron la vacancia tienen relación con universidades privadas que han sido cerradas por no garantizar estándares mínimos de calidad, y tienen como fijación quitarle atribuciones a la entidad supervisora de la educación universitaria.
