Tegucigalpa. – El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, informó este viernes que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, por unanimidad de votos, declaró absueltos a los nueve imputados en el caso “Patuca III Colusión y Corrupción”.
Explicó que la decisión fue unánime, debido a la insuficiencia de pruebas ofertadas por el Ministerio Público (MP).
En ese sentido, se absolvió de responsabilidad penal a Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Juan José Villeda, Luisa Sofía Figueroa Claré y Elia Virginia Medina Zúniga, que fueron acusados por violación de los deberes de los funcionarios públicos a títulos de autores materiales directos.
Asimismo, a Juan José Villeda, Francisco Arturo Mejía y Waldina Lizzette Salgado Pérez, Ada Amalia Puerto, Suyapa Lorena Rivera, señalados por fraude.
Por su parte, Francisco Arturo Mejía, Roberto Arturo Mejía y Waldina Lizzette Salgado Pérez, por soborno doméstico y por cohecho, a Juan José Villeda por cohecho.
La medida cautelar de prisión preventiva se revocó a Francisco Arturo Mejía, Roberto Arturo Mejía y Waldina Lizzette Salgado Pérez, por el caso de Patuca III, no así por otros procesos legales que tengan en los tribunales hondureños.
Antecedentes
Este caso fue presentado en marzo del 2019 ante el circuito en materia de corrupción por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), se incluía un requerimiento fiscal contra 10 ciudadanos acusados de defraudar al Estado hondureño a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por varios millones de lempiras.
El Ministerio Público señaló en la acusación que los señalados fueron parte de una red de corrupción que defraudó al Estado utilizando a la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la ENEE.
De acuerdo con los resultados de la investigación, el fraude se produjo al girar invitación para presentar ofertas para el equipamiento del campamento base del proyecto hidroeléctrico Patuca III a un grupo selectivo de empresas que se encontraban relacionadas entre sí, asignándoles contratos millonarios sobrevalorados en suministros en algunos casos hasta más de un 149 por ciento del valor que tenían en el mercado esos bienes.
Otra de las irregularidades que se mostraron y que se encuentra plasmada en la acusación, es que en la adjudicación de los contratos, las tres empresas ofertantes para el desarrollo de esos proyectos, obviaban los procedimientos y falsedad en la recepción de los bienes, con el fin de que fueran pagados sin que existiera una entrega real de los mismos.
