Tegucigalpa. – El Ministerio Público reportó que la Operación Júpiter V dejó las detenciones de 362 personas y 590 requerimientos fiscales interpuestos a nivel nacional.
Asimismo, se ejecutaron 177 allanamientos, 479 inspecciones, 122 acciones preventivas y 3 mil 054 personas fueron capacitadas.
Además, la Operación Júpiter V permitió el secuestro de 15 documentos, la incautación de 106 mil 628 lempiras y el decomiso de 97 armas y drogas.
La operación estaba enfocada a desarticular estructuras criminales dedicadas a cometer diferentes ilícitos en varios sectores del territorio nacional.
Entre los resultados más destacados figura la captura de un agente de la Policía Preventiva en el municipio de Gracias, Lempira, por delitos de allanamiento de morada, abuso de autoridad, tortura, actos de lujuria agravados, detención ilegal, falsificación de documentos y falso testimonio.
Igualmente, la Fiscalía promovió el antejuicio contra dos juezas de letras, una de Amapala y otra de Choluteca, por uso de documentos privados falsos.
También se secuestraron cinco expedientes en las instalaciones del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF), por la Fiscalía Especial de Medio Ambiente por una investigación en curso.
Por otra parte, fiscales dedicados a la protección al consumidor, mujer y adulto mayor junto a la Policía Nacional inspeccionaron albergues en la zona norte de Honduras.
Más temprano se informaba
Alrededor de 200 personas fueron detenidas como parte de la operación Júpiter V, ejecutada por miembros del Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
El portavoz de ATIC, Jorge Galindo, informó que la operación Júpiter está orientada a dar un golpe frontal a las estructuras criminales, por lo que se ejecutaron 50 allanamientos en diferentes partes del país.
Galindo detalló que la mayoría de los imputados fueron requeridos por los delitos de violencia doméstica, portación ilegal de armas y tráfico de drogas.
Asimismo, se ejecutaron órdenes de captura pendientes por infracciones relacionados al abuso sexual y trata de personas.
También se atendieron requerimientos fiscales por delitos relacionados a estafa, maltrato familiar y otros fraudes en perjuicio de varios ofendidos.
