Tegucigalpa. – La cuarta y última legislatura del período constitucional 2018-2022, fue instalada en el Congreso Nacional, en una histórica y atípica ceremonia debido a la pandemia del Covid-19.
En una ceremonia totalmente diferente a las anteriores, asistieron los titulares de los tres poderes del Estado, Juan Orlando Hernández (Ejecutivo), Mauricio Oliva (Legislativo) y Rolando Argenta (Judicial).
También se permitió la presencia de los jefes de bancada; la primera dama, Ana García de Hernández; el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz; el ministro Coordinador General de Gobierno, Carlos Madero; la ministra de Transparencia, María Andrea Matamoros y el titular de Finanzas, Marco Midence, entre otros.
Asimismo, los demás diputados participaron de manera virtual, mediante la plataforma de Zoom.
Como parte del protocolo, los líderes de los poderes del Estado expusieron sus respectivos informes anuales sobre el trabajo desarrollado durante sus mandatos.
En ese sentido, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, destacó los logros y desafíos de esa entidad debido a la pandemia por COVID-19.
Destacó que, en la actualidad el 79 por ciento de los empleados ha regresaron a laborar de manera presencial, hablando de cuatro mil 387 personas, mientras más de mil laboran desde sus hogares al tener enfermedades de base.
Por otra parte, recalcó que se emitieron un total de 29 mil 192 sentencias en todas las materias.
Posteriormente, el presidente del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, resaltó los proyectos y programas ejecutados durante el 2020, golpeado duramente por tres emergencias nacionales, situación nunca antes vista.
“El 2020 representó para nuestro país el año más difícil de toda nuestra historia, al enfrentarnos no a una, ni dos, si no que a tres emergencias nacionales seguidas, el mismo año y de un poder devastador tremendo”, arguyó.
El mandatario anunció un paquete de beneficios que ayudarán a los hondureños afectados por la pandemia y las tormentas tropicales Eta y Iota, a reanimar la economía.
Entre esos beneficios, destaca la reducción de intereses a los préstamos para la adquisición de viviendas, que ahora será de un cinco por ciento en un plazo de 20 años.
