Miami – Florida, el tercer estado con más indocumentados de Estados Unidos, tiene a partir de hoy una de las leyes antiinmigrantes más estrictas, aunque activistas trabajan ya para presentar una demanda judicial para lograr su derogación al considerarla «inconstitucional», informa este martes el diario Excelsior de México.
Básicamente, la ley SB 168 prohíbe las llamadas ciudades «santuario», que no existen en Florida, que son aquellas que sus correspondientes ayuntamientos brindan ayuda y amparo a inmigrantes sin papeles, e instruye a las agencias locales de gobierno a cumplir con los pedidos de las autoridades federales de inmigración
La ley es mucho más severa pues la nueva norma exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía hacer cumplir la ley federal de inmigración y también a trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
Por otra parte, la nueva norma instruye a las agencias locales de gobierno – desde la Oficina de Niños y Familias hasta los departamentos de Policía condales y municipales- a cumplir con los pedidos de las autoridades federales de inmigración, cuando se trate de entregar a indocumentados para ser procesados por un juez que podría fallar en pos de una deportación.
Tanto el director de Policía del condado Miami-Dade, Juan Pérez, como el de la ciudad de Miami, Jorge Colina, han dicho que prefieren renunciar antes de convertir a sus oficiales en agentes de inmigración.
El alcalde del Condado Miami-Dade, Carlos Giménez, en varias ocasiones ha expresado que no está de acuerdo con que la Policía asuma tareas migratorias.
Pero una orden ejecutiva promulgada por Giménez en enero de 2017 y ratificada por la Comisión condal en febrero de ese año, estableció que el Condado, a través de sus autoridades carcelarias, obedecería los requerimientos («detainers») de ICE para entregar a un indocumentado solicitado por esa agencia federal de inmigración.
Demanda
El director político de la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC), Thomas Kennedy, dijo a la agencia de noticias Efe que este grupo de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes colabora con la organización Southern Poverty Law Center (SPLC) para demandar al Gobierno estatal por esta ley.
De hecho, el grupo comenzó a trabajar hace un par de meses en esta acción judicial, sobre la que no quiso adelantar detalles, al darse cuenta a mediados del pasado periodo legislativo de que la mayoría republicana existente en el parlamento estatal iba a aprobar una medida que haría inevitable una «batalla» en las cortes.
Para SPLC se trata de una ley que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, que «prohíbe la captura sin razón» y anticipa «costosos litigios» a las autoridades locales por mantener detenidos a los inmigrantes sin orden judicial.
Aunque entró en vigor este lunes, la ley da tres meses de margen a las autoridades policiales para iniciar esta colaboración activa con ICE antes de comenzar a sancionar a las jurisdicciones que rechacen hacerlo.
Kennedy lamentó que este ambiente hostil haya llevado a muchos inmigrantes a no querer reportar crímenes de los que son testigos o víctimas, como el caso de una mujer que les explicó que fue violada por un hombre que la amenazó con denunciarla ante ICE si acudía a las autoridades.
En ese miedo vive la inmigrante Nery L., que teme que por la SB 168 sus familiares y amigos sean «criminalizados cada vez que conducen al trabajo o llevan a sus hijos a la escuela».
«Hoy es un triste día de miedo para nosotros. Demasiados funcionarios electos en Florida han dado la espalda a nuestra comunidad de inmigrantes al aprobar este proyecto de ley de deportación», dijo.
