Tegucigalpa. – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), calificó las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), como la más grave violación al Estado de Derecho en el país.
A través de un comunicado acreditado a la rectoría en conjunto con un equipo de profesores e investigadores de diversas ramas del conocimiento, también propuso regir al país a través de un nuevo contrato social que involucre a todos los sectores.
En ese sentido, la UNAH llamó “a todos los sectores productivos, gremios profesionales, obreros, campesinos, empresarios, academia, asociaciones ciudadanas y a la ciudadanía en general, al establecimiento de un diálogo abierto que sirva de punto de partida para la instauración de un nuevo contrato social que involucre a todas y todos sin distinción. Solo así podremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deben ser la luz que oriente nuestro camino hacia el bienestar”.
En otro de sus puntos, la UNAH de forma clara manifestó su preocupación por la violación constitucional y los daños que se ocasionan con la creación de las Zede.
“Lo más preocupante es que este desorden esté siendo promovido desde el mismo Estado, en abierta desobediencia a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución de la República. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, las Zede constituyen la más grave violación al Estado de derecho que se ha registrado en la historia del país”, mencionó en el escrito.
Bajo ese argumento, la máxima casa de estudios de Honduras llamó al Congreso Nacional a derogar las acciones emanadas del Decreto 236- 2012, que reforman la Constitución de la República, así como el decreto 120-2013 y toda la normativa derivada, para recobrar la institucionalidad.
La UNAH hace hincapié en que, existe una amenaza a la “integralidad ambiental” y al territorio ya que, las zonas hondureñas fuera de las Zede podrían ser usadas de depósito de desechos que deterioren ambientalmente y sean fuentes de contaminación.
De igual forma, que el país necesita de un proceso político que facilite el crecimiento económico con equidad, que permita una acelerada generación de empleo digno, para lo que proponen considerar las particularidades de cada territorio y promover incentivos en respeto a la ley y al ambiente.
Recordó la conculcación a varios preceptos constitucionales, tratados internacionales suscritos por el Estado, particularmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al desconocer el derecho de los pueblos originarios asentados en dichas zonas, a los territorios y recursos naturales y a la consulta libre, previa e informada, así como a un conjunto de otras leyes, impactando de manera negativa sobre los indicadores del Estado de derecho.
