San José. – En Costa Rica, autoridades realizaron 57 allanamientos, incluidos en la Casa Presidencial y otras 13 instituciones públicas, como el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó este lunes a medios locales que investigan un caso de posible corrupción en la función pública relacionado con la construcción de obra pública y la conservación y mantenimiento de la red vial.
En un comunicado, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) informó que se realiza un operativo en una oficina en la Presidencia que es ocupada solo por asesores presidenciales, no por ministros o miembros de los poderes supremos. Esto también fue confirmado por la Presidencia a CNN.
“La prueba que se procura obtener en esos sitios es documentación, equipo electrónico y otros indicios relevantes para el proceso que se tramita, conforme lo dicta la ley en este tipo de diligencias y con la presencia de un Juez Penal de Garantías en cada lugar”, explicó la Fiscalía.
Según Espinoza, se investigan delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita y estafas y falsedad ideológica.
El reto de la corrupción política
Espinoza dijo que desde 2019, la Fiscalía y el OIJ “recibieron denuncias concretas y directas” sobre la existencia de un grupo de funcionarios públicos que presuntamente “estarían coludiendo con miembros, empleados, representantes y dueños de empresas privadas de muy alto nivel que usualmente ganaban las adjudicaciones”, y que supuestamente estarían malversando fondos, favoreciendo determinados proyectos y personas, además de afectar el erario público.
Las autoridades anticiparon que también se realizarán allanamientos en empresas privadas y domicilios particulares. OIJ confirmó a CNN que unas 28 personas fueron detenidas. Espinoza había declarado que se los investiga por delitos de cohecho, peculados, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita y estafas y falsedad ideológica.
El director del OIJ también señaló que hay una “laguna de naturaleza presupuestaria” generada por traslados irregulares que ronda los 78 mil millones de colones (poco más de 126 millones de dólares) entre 2018 y 2020. “No significa que ese dinero se haya sustraído, sino que fue malversado. Lo utilizaron para fines diferentes sin autorización y eso ha generado situaciones que se materializan en entrega de sobornos”, explicó Espinoza.
El funcionario anunció que este operativo es uno de los más importantes que han trabajado con el Ministerio Público en los últimos tiempos.
En un comunicado, la presidencia de Costa Rica informó que “ha dado y dará toda la colaboración a las autoridades judiciales en la diligencia de investigación que están realizando”, además de señalar que “facilitará a las autoridades cualquier información o documentación que pueda resultarles de utilidad para determinar los hechos en la investigación que desarrollan”.
CNN está contactando al Ministerio de Obras Públicas y Transporte y al Conavi para obtener reacción.
Este es el segundo allanamiento en Casa Presidencial durante el gobierno de Carlos Alvarado. El primero fue en febrero de 2020, como parte de las investigaciones para determinar si la Unidad de Análisis de Datos de la Presidencia accedió a datos confidenciales de los ciudadanos. En una comparecencia ante el Congreso, Alvarado se defendió negando espionaje. “Nunca se usaron datos con fines electorales o para beneficiar a un tercero. No hubo mal uso de fondos públicos y siempre se actuó bajo el bloque de legalidad”, afirmó.
El denominado caso UPAD no ha concluido, la investigación se suspendió a finales de enero porque varios defensores de imputados interpusieron recursos técnicos ante la Sala Tercera y esta no los ha resuelto. En estos momentos el expediente está en esa Sala, informó a CNN la Fiscalía este lunes.
