San Salvador – El fiscal de El Salvador, Rodolfo Delgado, señaló este lunes que para investigar a los funcionarios, exfuncionarios y empresarios señalados de «actores corruptos y antidemocráticos» en una lista del Gobierno de Estados Unidos necesita un «elemento objetivo» de prueba.
«Si yo no tengo un elemento objetivo, yo no puedo decir: ‘mire voy a iniciar una investigación en contra de estas personas’, aún y cuando aparezcan en este listado, aparezcan en otro, no lo puedo hacer en este momento», dijo en una entrevista televisiva.
El Departamento de Estado de EEUU publicó la semana una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre ellos 14 salvadoreños.
Delgado añadió que «ellos están mencionados en un listado de acuerdo a las apreciaciones y valoraciones que han hecho autoridades de otro país», por lo que «las consecuencias se van a ver reflejadas conforme al derecho interno de otro país».
Aseguró que mientras no se entable una comunicación oficial con el Gobierno estadounidense, la Fiscalía salvadoreña no puede «hacer una apreciación» del contenido de dicha lista.
«Puede suceder que lo que contempla el derecho interno norteamericano para estar dentro de esa lista en realidad no sea aplicable para nosotros los salvadoreños», añadió.
Indicó que, a su juicio, establecer esta comunicación no le compete a él, sino que a Estados Unidos.
La embajada estadounidense en El Salvador señaló en un comunicado de prensa que el Departamento de Estado basó esta lista en «información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión, a partir de la información de los medios de comunicación y otras fuentes».
En administraciones anteriores de la Fiscalía, las investigaciones periodísticas sobre supuestos actos de corrupción se han tomado como «noticia criminal» para abrir investigaciones.
La denominada «Lista Engel» señala a 4 funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele de actos de corrupción, incluidos a dos del circulo más cercano.
Se trata de Conan Castro, actual secretario jurídico del presidente, y Carolina Recinos, jefa del Gabinete de Gobierno. Además del ministro de Trabajo, Rolando Castro, y del jefe de las prisiones, Osiris Luna Meza.
Recinos, que a mediados de mayo apareció en otra lista por supuesta corrupción, es señalada de participar en una «importante esquema de lavado de dinero».
La acusación contra Castro es de que «socavó los procesos o las instituciones democráticas al colaborar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General» el 1 de mayo pasado.
Esta acción fue duramente cuestionada por la comunidad internacional, principalmente por Estados Unidos, por considerarse un golpe a la separación de poderes.
Tras dichas destituciones, el Congreso de amplía mayoría oficialista nombró a nuevos funcionarios, incluidos a asesores del Gobierno y abogados de altos funcionarios, entre ellos Delgado.
A la lista se suman el exministro de Agricultura Pablo Anliker y el exministro de Seguridad Rogelio Rivas por «malversar fondos públicos para su beneficio personal» durante su gestión en la actual administración.
La lista la completan el diputado opositor Carlos Reyes, el magistrado electoral Luis Wellman, los empresarios Adolfo Salume y Enrique Rais.
Además se menciona al expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, al exalcalde Ezequiel Milla Guerra, al exguerrillero José Luis Merino y al excandidato a diputado por el oficialismo Walter Araujo.
