Sao Paulo – Brasil registró 8.712 kilómetros cuadrados de alertas de deforestación entre agosto de 2020 y julio de 2021, lo que supone un caída del 5,4 % frente al mismo periodo del año anterior, pero la segunda mayor tasa anual desde que comenzaron dichos registros, hace seis años.
Estos datos son obtenidos por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) con imágenes por satélite, aunque, admite el propio organismo gubernamental, no constituyen el balance oficial sobre deforestación, que se divulga a finales de año, sino que identifican posibles puntos de riesgo.
Según el INPE, indican una tendencia y sirven para alertar a los encargados medioambientales sobre dónde centrar sus esfuerzos en la lucha para proteger el bioma.
Tan solo en julio las alertas de deforestación llegaron a 1.416 kilómetros cuadrados, un 14,5 % menos que en el mismo mes del año anterior.
Pese a la caída anual y mensual, la organización ecologista Greenpeace resaltó que las alertas de deforestación en la Amazonia, el mayor bosque tropical del planeta, “permanecen en niveles inaceptables”.
El Gobierno se había impuesto como meta reducir la deforestación anual alrededor de un 10 %, pero el vicepresidente Hamilton Mourao, responsable del Consejo de la Amazonia Legal, adelantó este lunes que la disminución de la tala sería de entre el 4 y el 5 %, pese a la presencia de las Fuerzas Armadas en la región.
La alarmante cifra es atribuida por las ONG a las “omisiones” del presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, defensor de la explotación de los recursos naturales en la Amazonía, incluso en reservas indígenas, y que flexibilizó la fiscalización de actividades que amenazan el medioambiente, como minería y comercio de madera, en su mayoría practicadas de forma ilegal.
“Los órganos ambientales siguen debilitados, mientras el Congreso actúa como aliado del Gobierno en el desmonte ambiental, discutiendo y aprobando cambios perjudiciales en la legislación”, resaltó Greenpeace en un comunicado.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó esta semana un proyecto de ley que flexibiliza la regularización y tenencia de tierras públicas ilegalmente ocupadas.
Esa iniciativa aún debe ser debatida por el Senado, pero, en opinión de Greenpeace, “estimulará la deforestación de áreas extremadamente estratégicas para afrontar la crisis climática y contribuirá activamente al colapso de la Amazonia”.
