Por Karen Yackeline Ordóñez
Tegucigalpa. – La falta de transparencia y rendición de cuentas en las obras públicas realizadas a través de los entes estatales hondureños han sido cada vez más compleja. Hoy en día, la transparencia en los procesos públicos se ha convertido es un elemento fundamental como indicador de calidad, eficacia y eficiencia en los diferentes proyectos e inversiones que realizan los gobiernos.
No es extraño que en la actualidad los organismos internacionales de cooperación y la sociedad civil demanden cada vez más una mayor información pública sobre las distintas actuaciones que se realizan desde los poderes públicos.
Es entendible que todo gobierno debe saber que su rol fundamental es rendir cuentas de su actuar y que tiene la obligación no solo de hacer pública la información sino también atender las solicitudes de información que hagan las personas interesadas por determinados casos.
Razón por la cual, los Estados deben de asegurar a su población el libre uso de la información pública de una forma fácil y accesible a fin de que se pueda conocer qué, quienes, cómo, cuándo y cuánto gastan los responsables (instituciones) en los diversos proyectos o bien obras implementados a través de políticas públicas o programas que efectúan o ejecutan.
Es por eso que, el éxito de las políticas públicas de transparencia, en algunos países de la región, han logrado un poco de avance en los últimos tiempos y, para que eso se lograra, ha dependido de que la información sea accesible y disponible para todos los usuarios, en ese sentido, una política pública es transparente, si se garantiza el derecho de acceso a la información pública.
No obstante, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), hablar de transparencia no sólo se refiere a establecer una barrera contra la corrupción y los abusos de poder, cosa que sin duda consiguen en buena medida los proyectos de apertura de datos, sino básicamente de un derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero de sus impuestos.
O bien como decía Adam Przeworski (analista de temas relacionados con la democracia y la economía política –polaco-), “hay que diseñar instituciones que pudieran empoderar a los gobiernos para hacer lo que deben hacer al tiempo de evitar que hagan lo que no deberían hacer”.
Dado lo anterior, es importante indicar entonces que cuando la población sabe cómo se toman las decisiones que les afectan y cómo se utilizan los fondos públicos, es cuando se asegura el diálogo participativo, se promueve el compromiso y se innova a la hora de participar con solvencia en los asuntos públicos.
En Honduras es frecuente que los medios de comunicación local e internacional y redes sociales den a conocer grandes casos de corrupción y parte de ellos, giran en torno a la construcción de obras de infraestructuras.
Si bien, este tipo de noticias generan una gran alarma social y ahondan en la gravedad del nivel de corrupción política existente en el Estado hondureño, esto se debe a aspectos como: la misma corrupción, el sobrecosto y la falta de transparencia de los funcionarios y servidores públicos.
Es precisamente la ausencia de transparencia, análisis, debate y el interés particular de ciertos grupos del ámbito social por encima del interés general de la mayoría, el que acarrea tanto desviación de costos como casos de corrupción, ya sea personal o colectiva o en la forma en que se dé.
Esto ha llevado a que el país se posesione como una de las naciones más corruptas del mundo y, es que resulta indignante la cantidad de proyectos que son aprobados sin estudios rigurosos que los respalden y cuya única motivación es política con el objetivo de favorecer a determinadas empresas o personas.
El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 (IPC), publicado por Transparencia Internacional (TI), ubicó a Honduras en el cuarto país más corrupto de América Latina solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela. El problema del país centroamericano aparte de la corrupción y la impunidad es la falta de implementación de políticas públicas eficientes y eficaces que ataquen los problemas estructurales, profundos, multicausal y los altos niveles de pobreza, pobreza extrema, desempleo, salud, educación, seguridad social, seguridad alimentaria, derechos humanos, entre otros y, sumado a esto la fragilidad democrática, la poca inversión local y extranjera, los efectos negativos del cambio climático y el calentamiento global.
El contexto del país es complejo en todos los aspectos y la inversión pública no es la excepción, por ello, el interés y la urgencia por ideas y herramientas que contribuyan de manera efectiva a recobrar la confianza en las instituciones públicas son fundamentales. Varios ejemplos a nivel mundial ejemplifican como las nuevas tecnologías y los datos pueden ayudar a combatir la corrupción, como una App de denuncia de sobornos u otras herramientas que contribuyan al combate de la corrupción y a incentivar la transparencia y rendición de cuenta de los gobiernos.
De tal manera que, la corrupción es perjudicial tanto para la gestión de un proyecto, como para la infraestructura misma. Dentro del análisis es importante destacar que hoy en día existen propulsoras claves en el desarrollo para la implementación de los proyectos de infraestructura además de los recursos del tesoro, conocidas como inversiones de capital privado o bien Alianzas Públicas-Privadas. Esto ha generado que tantos organismos de transparencias, ONG´s e instituciones del Estado impulsen la transparencia y rendición de cuentas de los proyectos que ejecutan a nivel nacional.
Una de grandes iniciativas en transparencia que tiene la nación Centroamérica hoy en día en temas de transparencia es “CoST Honduras”, quien ha venido trabajando durante los últimos años en mejorar la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas del dinero que se invierte en la infraestructura pública de Honduras, representado por un Grupo Multisectorial integrado por representantes de: sociedad civil, sector privado y el gobierno bajo los lineamientos y estándares internacionales como: divulgación, aseguramiento y rendición de cuentas.
Hoy por hoy, Honduras cuenta con un -portal de divulgación de datos en línea- “SISOCS-APP”, esta aplicación sirve para verificar y/o revisar datos de proyectos de Alianzas Públicas-Privadas (APP), que promueve el gobierno con la empresa privada y sociedades de capital extranjero a través de la integración del Estándar de Datos de Infraestructura para la Contratación Abierta (OC4IDS por sus siglas en inglés).
En ese sentido, en el marco de la inauguración del Aeropuerto Internacional de Palmerola, localizado a casi 80 kilómetros al norte de la capital, Honduras, se convierte en unos de los países de la región que le apuesta a la inversión pública con este tipo de obras, misma que ha generado una seria de controversias, dudas y cierto rechazo de sectores de la población hondureña por su ejecución.
Según la herramienta de divulgación digital para las Asociaciones Público Privadas (SISOCS), el “diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento”, de este nuevo aeropuerto ha sido desarrollado por el gobierno de Honduras y el Grupo del Banco Mundial (BM), como parte del sector de Infraestructura productiva (código del proyecto-4), basado en la Ley para la Promoción de Alianza Público-Privada y, es en 2015 que se invita al Concurso Público Internacional de la Concesión realizado por la Promoción de la Alianza Público-Privada COALIANZA, Modalidad de participación: Contrato de concesión (DFBOT). Las empresas interesadas que participaron en el método de adquisición fueron: Segesa, EMCO Terminales, Astaldi, ASUR, Camargo Correa, Hidalgo & Hidalgo, ADP, Agunsa, Eterna, quedando seleccionado la empresa EMCO Terminales.
En marzo 2016, fue la firma de contrato de concesión en el Congreso Nacional -decreto legislativo 71-2016- el cual tiene un plazo de 30 años con un monto destinado de inversión tres mil 664 millones 606 mil 377 lempiras. Las fuentes de financiamiento fueron: crédito sindicado, el Estado de Honduras, Palmerola International Airport S.A. de C.V. y el Programa de Conversión de Deuda Honduras Frente a España.
Y, en diciembre del mismo año, se inició la obra teniendo como entidad contratante a la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep). Cabe destacar que, en el cierre financiero participo Banco Atlántida, Banpaís, Promérica, St. Georges Bank y Banrural.
Es importante mencionar que, al terminar la fase de construcción y equipamiento, el Concesionario Palmerola International Airport, S.A. de C.V y Flughafen München GmbH deberán iniciar la explotación de la concesión y la prestación de los servicios aeroportuarios básicos, servicios aeroportuarios de asistencia y servicios no aeroportuarios.
En términos generales, Palmerola, reemplazará al Aeropuerto Internacional de Toncontín, cuestionado por ser inaugurado sin terminar la obra, en su discurso durante la ceremonia de inauguración el presidente de la República, Juan Orlando Hernández destacó que «Honduras se pone a la vanguardia en conectividad aérea», con la apertura de este nuevo aeródromo.
Sin embargo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha sido enfático en manifestar la falta de transparencia en la aprobación de la ampliación presupuestaria en la presentación de un informe denominado “Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola”, donde cuestiona al Congreso Nacional y al Poder Legislativo, por la aprobación de diversos decretos para legitimar un contrato de concesión que representa un riesgo para las finanzas del Estado cita el informe. De parte del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), también ha sido cuestionada dicha obra recientemente debido a las exoneraciones fiscales y flexibilidades en el pago de impuestos, considerando que el beneficio para el Estado puede ser nulo, entre otras situaciones que se han dado por la falta de transparencia e información.
Lo que si es cierto, es que el sector público, el sector privado y la sociedad civil pueden y necesitan actuar juntos para abordar los retos que se enfrentan en la implementación de estos proyectos enfocándose en lograr los objetivos necesarios a fin de que puedan beneficiar a la población más vulnerable de lo contrario no servirán ni leyes, ni decretos ni políticas públicas que funcionen si no hay una concordancia y legitimidad en los proceso.
En resumen, mientras mayor sea el conocimiento público de la gestión de los gobiernos, con sus pros y sus contras mayor será el logro de sus objetivos. No sólo es necesario tener una gestión pública eficaz y eficiente, sino que ella debe incluir la participación ciudadana permanente en el ejercicio de la gestión pública ya que la presión social serviría para impedir que los casos de corrupción queden sin sanción.
