Tegucigalpa. – La Corte de Apelaciones revocó en las últimas horas el auto de formal procesamiento y dictó sobreseimiento definitivo a Ramón Lobo Sosa y Wilfredo Cerrato Durón, principales involucrados en el caso Caja Chica del Hermano.
El director de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que la decisión de los magistrados de la Corte de Apelaciones fue por mayoría de votos, dos a favor y uno en contra.
En ese sentido, por mayoría de votos de los integrantes se decidió conceder recurso de apelación y declarar sin lugar el recurso que fue interpuesto por el Ministerio Público, por lo que se dictó sobreseimiento definitivo a favor del exadministrador de Casa Presidencial, Wilfredo Cerrato y del hermano mayor del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), el señor Ramón Lobo Sosa.
Duarte detalló que la Corte de Apelaciones estuvo integrada por los magistrados Abilio Serrano, Edwin Ortez y Rina Auxiliadora Alvarado.
Según la defensa de los imputados, Cerrato y Lobo fueron absueltos de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
La defensa interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones al considerar que las acusaciones contra su defendido eran erróneas.
Se espera que el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), interpondrá un recurso en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones.
A los imputados un juez natural les había dictado un auto de formal procesamiento con arresto domiciliario el 30 de noviembre de 2018.
El 5 de noviembre del año pasado, el Ministerio Público de Honduras presentó ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra Wilfredo Francisco Cerrato Durón, extitular de Administración y Gestión Financiera Presidencial, y Ramón Lobo Sosa, hermano del ex presidente de Honduras Porfirio Lobo, por el presunto delito de fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
La investigación que concluyó con el requerimiento fue conducida por el equipo integrado de investigación y persecución penal, compuesto por expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la Organización de los Estados Americanos (MACCIH-OEA) y fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic-MP).
La Fiscalía considera probado que los imputados en el denominado caso “Caja chica del hermano” crearon un entramado para desviar en beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de seguridad de la Casa Presidencial.
Mediante esa acción, según la investigación, los imputados presuntamente se embolsaron irregularmente 8.4 millones de lempiras (unos 350 mil dólares).
