La denuncia se basa en reuniones que aparentemente sostuvo la empresaria Karelim López con Castillo para que supuestamente favoreciera al consorcio de empresas que representaba en la licitación de un puente, según informó la Fiscalía General del Estado (Abogacía General del Estado) en un comunicado.
Al menos una de esas aparentes reuniones se llevó a cabo frente al Palacio de Gobierno en Lima para que no hubiera constancia oficial, como lo demuestra un reportaje del programa dominical Cuarto Poder que capturó a López y Castillo dentro del mismo edificio en el distrito de Lima de Lima. Breña al mismo tiempo.
Pocos días después de esta supuesta reunión, el consorcio Puente Tarata III que ella representaba ganó la licitación por un contrato de 232.5 millones de soles (US $ 57.6 millones) gracias a una oferta 27 centavos de sol (US $ 0.06) inferior a la siguiente oferta mejor calificada. .
Este consorcio se adjudicó así la obra a pesar de que el presidente del comité de selección, Miguel Espinoza, había advertido que no había presentado facturas por obras similares realizadas en el pasado, uno de los requisitos establecidos en las bases de licitación.
Soria señaló en su denuncia que existen sospechas de que el mandatario peruano «también está inmerso en la conducta de tráfico de influencias» que está siendo investigada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima.
En este caso, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, está siendo investigado por las presuntas presiones ejercidas a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea para promover a oficiales militares cercanos al presidente.
“Aquí está parte de la denuncia interpuesta por el Fiscal General Daniel Soria en la que solicita al Fiscal General que inicie diligencias previas contra el presidente Pedro Castillo. Presuntos delitos: patrocinio ilegal y tráfico de influencias”.
El viernes, la Fiscalía allanó las casas de Pacheco y López, quienes actualmente tienen prohibido salir del país por este caso de presunta corrupción.
Semanas atrás, allanaron la oficina de Pacheco, donde se encontraron $ 20.000 en efectivo en su baño personal en el Palacio de Gobierno, lo que atribuyó a ahorros personales.
En su declaración, Pacheco informó al fiscal general que no tenía constancia de las reuniones que el jefe de Estado celebró en el predio de Breña que Castillo ya utilizaba como sede y centro de operaciones durante la campaña electoral.
El Fiscal General solicitó a la Fiscal General, Zoraida Ávalos, que una vez abierta la investigación no la suspenda, pues sostiene que «el artículo 117 de la Constitución no prohíbe que se investigue a un presidente de la República en ejercicio».
