El miércoles, el Pleno de la Corte Constitucional de Colombia concluyó que no se cumplió con el debido proceso durante la expulsión de 59 migrantes venezolanos ocurrida en medio del paro nacional de 2019.
La sentencia será publicada en enero de 2022. En el comunicado de prensa, sin embargo, la Corte indica que la policía colombiana privó arbitrariamente de su libertad a los migrantes. Posteriormente, las autoridades migratorias llevaron a cabo una expulsión masiva, que no cumplió con la correcta justificación de las resoluciones de cada caso.
En este sentido, los jueces Constitucionales enfatizan que las autoridades no garantizaron a los ciudadanos venezolanos el acceso a una representación legal adecuada, no les entregaron copias de las órdenes de expulsión y no evaluaron sus circunstancias individuales.
En noviembre de 2019, la Policía de Colombia arrestó a 59 migrantes venezolanos, acusándolos de haber realizado actos vandálicos durante las protestas en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, estas detenciones se llevaron a cabo sin presentar pruebas de tales acusaciones.
«La sentencia de la Corte adquiere gran relevancia regional dado que los altos tribunales de Chile y Ecuador también se han pronunciado sobre la prohibición de realizar expulsiones masivas», dijo el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), recordando que los migrantes venezolanos fueron removidos por la fuerza de sus trabajos o residencias.
“La Corte Constitucional publicó un comunicado anunciando la sentencia SU-397/21, que protege el derecho al debido proceso y la dignidad humana. Felicitamos a la ‘Clínica Legal Migrante’ por el trabajo que realiza ”, tuiteó la Universidad de Los Andes.
Entre 2015 y 2020, las “expulsiones discrecionales” de migrantes de Colombia aumentaron en un 728 por ciento, según datos del Programa de Asistencia Legal a Personas Necesitadas de Protección Internacional y Víctimas del Conflicto Armado.
