Tegucigalpa. – El diputado Jari Dixon Herrera y el abogado Mario Sorto, ambos en representación del partido Libertad y Refundación (Libre), presentaron este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 107-2021 que permite el pago de prestaciones a altos funcionarios del gobierno.
En ese sentido, Dixon Herrera dijo que el motivo de tal acción es porque estos beneficios no les corresponden a estos funcionarios.
“No podemos pagar prestaciones a personas que estuvieron 12 años gozando del poder, que sabían perfectamente que no tenían derechos a prestaciones laborales”, cuestionó.
Acotó que ahora quieren cobrar prestaciones cuando a miles de hondureños no se les pagan porque ellos mismos aprobaron el trabajo por hora violentando los derechos laborales de las personas”.
Arguyó que se está violentando la Constitución de la República porque están poniendo en precario otros derechos humanos afectando el presupuesto del nuevo gobierno que tomará posesión el próximo 27 de enero.
Advirtió que van a luchar para revertir esta disposición, que interpondrán todas las acciones legales para evitar que se otorguen estos pagos a funcionarios de confianza.
Según los cálculos hechos por miembros de Libertad y Refundación (Libre), unos seis mil millones de lempiras va a erogar el Estado para el pago de prestaciones a altos funcionarios.
Por su parte, el abogado Mario Sorto, dijo que esperan que la CSJ a se pronuncie rápidamente.
“Nosotros haremos las acciones legales correspondientes, pero la CSJ tiene que ser un ente independiente y pronunciarse contra las ilegalidades que comete el Ejecutivo”, apuntó.
“Se comprometen las finanzas del nuevo gobierno. Es una ilegalidad y se les advierte a los que lo aprobaron que cometen delito”, apuntó.
Refirió que lo que están pidiendo es la suspensión inmediata del decreto.
