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Los Ángeles, 17 feb (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este jueves que tiene lista la nueva regla de carga pública, que niega la residencia permanente a los solicitantes con “probabilidad de depender principalmente del Gobierno para su subsistencia”, lo que reduciría el número de extranjeros afectados por esta disposición.
El cambio hace parte de las promesas hechas por el Gobierno del presidente Joe Biden para deshacer políticas de la Administración de Donald Trump (2017-2021).
En 2019, el Gobierno de Trump reformó la norma de inadmisibilidad por carga pública, lo que dejó a muchos indocumentados sin posibilidad de optar por la residencia permanente y ocasionó que muchas familias dejaran de recibir ayudas para sus hijos estadounidenses.
“La regla de carga pública de 2019 no fue congruente con los valores de nuestra nación”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado en el que recalcó que bajo la propuesta del Gobierno de Biden “volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’ y las personas no serán penalizadas por optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellas”.
El comunicado resaltó que la nueva regla brindará “un trato justo y humano” a los no ciudadanos que soliciten admisión a Estados Unidos o que soliciten la residencia dentro del país.
Biden anuló en marzo de 2021 los cambios hechos por el Gobierno deTrump, y ahora el DHS está precisando los nuevos parámetros. La nueva regla propone definir la “probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento” como una “probabilidad de depender principalmente del Gobierno para su subsistencia”.
En la nueva propuesta las personas que sean beneficiarias de programas de asistencia alimentaria y nutricional -incluido el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)-, el Programa de Seguro Médico para Niños, la mayoría de los beneficios de Medicaid, los beneficios de vivienda y bonos de transporte, no serían catalogadas como carga pública.
El DHS tampoco consideraría la asistencia por desastre recibida bajo la Ley Stafford, la asistencia por la pandemia, los beneficios recibidos a través de un crédito o deducción fiscal, el Seguro Social, las pensiones del Gobierno u otros beneficios ganados como criterios de inadmisibilidad.
La nueva regla será publicada en breve en el Registro Federal, y a partir de ese momento tendrá un periodo de comentarios públicos de 60 días.
En enero pasado una coalición de 21 fiscales estatales instó al Departamento de Estado a retirar formalmente la versión de la regla de carga pública impuesta por el Gobierno de Trump.
La petición fue hecha a través de una misiva dirigida al secretario Antony Blinken en la que la coalición destacó los daños causados por la regla de la Administración anterior.
Los fiscales aseguraron que la regla afectó a los extranjeros que querían optar por la residencia permanente.
“Es 2022 y, desafortunadamente, todavía estamos atrapados limpiando el desorden de la Administración de Trump”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, que encabeza el esfuerzo.
En contraste más de una docena de estados conservadores mantienen una batalla legal contra el Gobierno de Biden para que retome la norma de carga pública establecida por Trump. La demanda está en el Tribunal Supremo.
