Barranquilla (Colombia) (EFE).- La compra de votos, un fenómeno arraigado en la política colombiana, resurge cada vez que hay elecciones por la acción de grupos que mueven montañas de dinero para sobornar a los electores a cambio de su apoyo en las urnas, pese a ser un delito que se castiga hasta con nueve años de prisión.
Detrás de esta práctica hay toda una estructura logística que les permite a las organizaciones políticas saber de antemano la información de los votantes y los puestos donde sufragan, así como movilizar ingentes cantidades de dinero en efectivo para pagar a los electores.
Los altos índices de pobreza, la baja cultura ciudadana y un sofisticado andamiaje político-electoral aparecen como las principales causas de la compraventa de votos en el país que el próximo domingo celebrará elecciones legislativas.
Esta práctica es bastante común en la región del Caribe, en donde está el 31 % de quienes viven en pobreza extrema en Colombia, a pesar de que solo representa al 22 % de la población.
El poder de estas organizaciones es tal que el departamento del Atlántico, cuya capital es Barranquilla, tiene solo 2,5 millones de habitantes, el 2,5 % de la población del país, pero elige al 14 % de los senadores.
El caso de la prófuga excongresista barranquillera Aida Merlano, refugiada en Venezuela y desde donde ha lanzado acusaciones de corrupción electoral contra una gran cantidad de políticos colombianos que habrían sido sus cómplices en la compra de votos, es el más emblemático de esta práctica.
DINERO A MANOS LLENAS
Francisco Castillo (nombre cambiado por seguridad) es conocido en los círculos políticos de Barranquilla como el “consejero”, dadas sus buenas relaciones con diferentes partidos para los que ha trabajado como organizador de compra de votos durante más de 35 años, lo que le permite, según dice, “poner a funcionar la tienda”.
Cuidadoso de la información que maneja desde los 17 años, cuando empezó como “mochilero” de un jefe político ya fallecido, el “consejero” nunca habla de compra de votos sino de “incentivos electorales a los amigos de la campaña”.
Los “mochileros” son personas que solían cargar un morral con grandes sumas de dinero en efectivo con el cual pagaban a quienes vendían su voto a los políticos, método que ha evolucionado a formas más modernas.
“La figura del ‘mochilero’ es poco utilizada ahora. Es muy arriesgado y además las campañas son mucho más sofisticadas. Es más, hoy, faltando diez días para las elecciones, ya la tienda está cerrada, ya se le compró a quien se le tenía que comprar”, cuenta a Efe el “consejero”.
Explica que actualmente los “mochileros” son “empleados con un sueldo mensual” que responden por determinado número de votos el día de las elecciones. “Hay fundaciones sociales que ellos manejan y que entregan ayudas a las personas necesitadas, como regalos, electrodomésticos, mercados o materiales de construcción” a cambio del voto, añade.
“SIEMPRE ME HAN COMPRADO EL VOTO”
Mercedes Escorcia (nombre cambiado) vive en una de las zonas con más altos índices de pobreza de Barranquilla y a sus 65 años no recuerda que alguna vez haya votado sin que los políticos le pagaran.
“La primera vez que voté fue en 1978, cuando en el barrio La Chinita estaban comprando el voto. Da lo mismo que a uno le paguen o no le paguen por votar, porque siempre ganan los mismos, entonces prefiero que me paguen y con eso resuelvo al menos un día de comida”, dijo a Efe.
Escorcia añade: “Hubo veces en que voté por uno diferente al que me pagaba, como cuando ganó el cura Bernardo Hoyos, pero me daba miedo que me pasara lo de un vecino a quien un político llegó a cobrarle porque no ganó y con una cadena amarrada a su camioneta le arrancó la puerta de su casa”.
“Hoy están pagando 70.000 pesos (unos 18 dólares). Me dieron 20.000 pesos el día de la inscripción de la cédula y me van a dar 50.000 cuando les entregue el certificado de votación que entregan los jurados”, añadió.
DERECHOS SOCIALES Y POLÍTICOS
Para el coordinador en el Atlántico de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE), Jorge Hernández Hayek, “es necesario que las autoridades tomen desde ya medidas para prevenir irregularidades y evitar que se cometan delitos electorales en estos puestos de votación que presentan riesgo consolidado o en sus alrededores”.
“Las modalidades de compra de votos van cambiando y en algunas zonas del departamento se entregan electrodomésticos y prebendas como regalos, manejados como donaciones o rifas. Ya no es esa práctica de una persona con una cantidad de dinero interactuando con votantes, ahora es mucho más discreto”, dijo a Efe.
El investigador Diógenes Rosero explicó que “en los procesos de transición democrática en otros países también hubo compra de votos pero, a diferencia de Colombia, eso ya no ocurre porque mejoraron las condiciones de vida de los ciudadanos y por ende la cultura ciudadana y la cultura política”.
Al respecto, el presidente ejecutivo de la ONG Corcaribe, Dany Oviedo Marino, explicó que “este tipo de prácticas repercutirá en las elecciones del 13 de marzo y en las de Presidencia del mes de mayo y podrían llegar a afectar de manera definitiva los resultados electorales”.
