Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó en la madrugada de este jueves, la nueva ley energética, una propuesta enviada por la presidenta Xiomara Castro, denominada “Ley Especial para garantizar la energía eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional”.
La ley se aprobó bajo la dispensa del segundo debate, mediante una prolongada discusión de todas las bancadas representadas, siendo en su totalidad, 21 artículos loas aprobados.
La nueva normativa busca reducir pérdidas, revisar y renegociar contratos energéticos, inversiones públicas, declaración de emergencia y reestructuración organizativa de la Ley General de la Industria Eléctrica del 2014.
Tras la aprobación de este decreto, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestó que “este decreto fue público y ampliamente conocido por todo el sector eléctrico a nivel de país”.
A su vez, el jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, indicó que las reformas energéticas son la solución para solventar el problema de pérdidas técnicas.
“Lo que espera el pueblo hondureño es la rebaja en su factura, esa es una de las principales causas de migración, el compromiso es salvar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)”, recalcó.
El también integrante de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, recalcó que es urgente declarar un Estado de emergencia en materia energética del país.
“Los pasos que se están dando con el sector privado van por muy buen camino, el Poder Ejecutivo nos ha transmitido que los generadores privados están en disposición de sentarse en mesas técnicas, para entrar al proceso de renegociación de contratos”, agregó.
Para finalizar, enunció “se acabó el tiempo de las vacas gordas”.
La nueva normativa se ampara en que “de acuerdo a la con la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el acceso a la energía eléctrica es fundamental para la garantía de otros derechos humanos, de esta manera reconocen que la disponibilidad de energía eléctrica para la cocina y el alumbrado se requiere para una vivienda digna”.
El gobierno ha asumido el compromiso de garantizar al pueblo hondureño el servicio de energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional bajo responsabilidad de la estatal.
Ante la grave crisis de la ENEE se plantean dos alternativas, salvarla como empresa pública o continuar sobre el abismo de la bancarrota y la quiebra para la privatización total, pero el compromiso -según el gobierno- será salvar la ENEE y establecer tarifas justas en beneficio del pueblo hondureño.
La Comisión de Energía realizó consultas a la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (Ahpee), El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (Cimeqh), el Consejo Hondureño de Empresa Privada (Cohep), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Confederación Panamericana de Ingeniería, Mecánica, Eléctrica, Industrial y ramas afines (Copimera), gremios empresariales, profesionales, sindicales y representantes de los consumidores.
