Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, consideró que no sería “sano” para la administración de justicia en el país separar el mandato constitucional del Ministerio Público sobre asuntos de corrupción.
Las declaraciones de Argueta son en relación a la iniciativa de dar rango constitucional a la Unidad Fiscal Especial contra las Redes de Corrupción (Uferco), para ejercer la acción penal pública.
“No sé si separar el nivel de actuación dentro del Ministerio Público como mandato constitucional, en este caso de los temas de corrupción y hacerlo de forma distinta en otros temas como criminalidad organizada, común, delitos ambientales, de derechos humanos sea tan sano para la administración de la justicia”, arguyó.
El titular del Poder Judicial señaló que hay cosas que pueden ser legales porque el Legislativo las ha aprobado, pero otras situaciones no son aplicables, pese a estar vigentes.
Argueta refirió que, en naciones con ministerios públicos, estos entes se rigen por dos principios: objetividad y jerarquía normativa.
Todas las diligencias de investigación, las actuaciones, las decisiones, mandato, principio y garantía constitucional en los países donde hay Ministerio Público se rigen por estos dos principios, remarcó.
Al respecto, instó a respetar los principios o estándares internacionales que regulan la existencia de los ministerios públicos
También apuntó que la autoridad central del Ministerio Público de Honduras es el Fiscal General (Óscar Fernando Chinchilla), y es él quien gira las instrucciones, decisiones o autorizaciones.
Por lo tanto, pidió a los diputados del Congreso Nacional respetar las garantías y alejar cualquier interés partidario e ideológico, y fortalecer la Fiscalía y el Poder Judicial.
“Debe de circunscribirse ese análisis a esos principios que rectoran los derechos y de las garantías que deben prevalecer para el mejor desenvolvimiento de la investigación y la acusación”, concluyó.
