Tegucigalpa. – El titular de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Orellana, aseguró este martes que se debe tener claro el mecanismo para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se pueda comprobar la idoneidad de los candidatos.
“Es importante que la junta nominadora no proponga candidatos y que el informe final que se envíe al Congreso Nacional y todo el proceso esté abierto al público y debe decir todas las especificaciones, las incidencias y por qué incluyeron unos y se excluyeron otros”, arguyó Orellana.
Otro punto, es que “se establece un sistema de veeduría que debe ser con la sociedad civil y con los medios de comunicación permanentemente en todo lo que haga la junta nominadora de magistrados”.
Para Orellana, si se garantiza con este proyecto de ley al abogado en general que habrá más criterios de evaluación seguro aumentará el número de postulantes.
“Esto va a garantizar la independencia de poderes porque seguramente habrá algún abogado elegido que tuvo una vida independiente y profesional y se ha mantenido coherente, íntegro y garantiza que como magistrados serán independientes; se va a evaluar la probidad, su vida personal y la profesional y así elegir a los más confiables”, concluyó Orellana.
El Congreso Nacional tiene en sus manos una propuesta de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción en la cual se deroga la Ley de la Junta Nominadora para dar paso a otro instrumento que acorta los plazos y los filtros para la selección y elección de una nómina de 45 postulantes a ser enviados al Parlamento para escoger a los próximos 15 magistrados que por siete años regirán la justicia en este país.
La misma es conocida como “Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
En la exposición de motivos, la propuesta del Poder Ejecutivo se centra solo en la elección de la próxima Corte de Justicia citando informes trabajados con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y los estándares internacionales que rigen el principio de la independencia judicial y la separación de poderes
La iniciativa del gobierno presidido por Xiomara Castro se suma a otras dos más introducidas al hemiciclo, relacionadas con la elección de altos funcionarios públicos, que comprende la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y Adjunta, el Consejo Nacional Electoral, entre otros.
