En una mayoría de centros de detención de inmigrantes consultados por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) cobran a los indocumentados por las llamadas a sus abogados, según un estudio realizado por esa organización entre 173 de esas instituciones que denuncia varias de estas restricciones “sistemáticas” por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Imagen de archivo. EFE/ Said Bazze
Washington, 9 jun (EFE).- En una mayoría de centros de detención de inmigrantes consultados por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) cobran a los indocumentados por las llamadas a sus abogados, según un estudio realizado por esa organización entre 173 de esas instituciones que denuncia varias de estas restricciones “sistemáticas” por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El grupo denunció este jueves que estos detenidos encuentran constantes barreras para su representación legal.
Detalló que los centros de ICE “han restringido sistemáticamente los medios de comunicación entre abogados y migrantes detenidos”.
En al menos el 20 % de esos centros adonde los investigadores hicieron llamadas, nadie respondió o los operadores, se rehusaron a contestar preguntas básicas sobre el acceso a abogados, indica el estudio.
“Por lo menos 85 centros de detención de ICE no permiten que los abogados programen conversaciones telefónicas con un cliente detenido en ciertos días y horas”, agrega.
Los inmigrantes detenidos por ICE deben pagar para hacer llamadas telefónicas a sus abogados en aproximadamente el 85 % de los centros que respondieron a las preguntas de ACLU.
Los abogados dieron además cuenta de demoras arbitrarias o el impedimento del acceso a sus clientes en casi la mitad de los 44 centros de donde ACLU recibió respuestas de los abogados.
“Estos obstáculos no son solo inconstitucionales sino que también aumentan las probabilidades de que haya gente detenida ilegalmente por períodos prolongados o deportada”, dijo Aditi Shah, del Proyecto Nacional de Prisiones en ACLU.
“En este terreno el acceso al asesoramiento legal puede ser, literalmente, un asunto de vida o muerte para las personas, ya sea porque permanecen detenidas en condiciones riesgosas por períodos prolongados, o porque son devueltas a la violencia de la cual huyeron”, agregó.
Los autores del estudio publicado por ACLU examinaron las condiciones en 173 centros de detención en todo el país.
ICE, que llegó a tener un promedio diario de 40.000 detenidos a comienzos de 2020 y antes de la pandemia de la covid-19, tiene actualmente 24.839 migrantes detenidos en instalaciones en todo el país.
