La terminal T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid. Foto: EFE/ Emilio Naranjo
España plantea una reforma legal para cubrir con trabajadores extranjeros empleos que ahora quedan vacantes, pero sin que suponga una regularización generalizada de inmigrantes.
El Gobierno trabaja para adaptar la normativa de Extranjería a las demandas de la economía española, mientras sindicatos y organizaciones de apoyo a inmigrantes piden que vaya más allá del mercado laboral y avance en derechos de estas personas.
Muchos del cerca de medio millón de inmigrantes irregulares, que algunas organizaciones estiman que hay en España, proceden de América Latina.
PUESTOS VACANTES
España cuenta con un catálogo de empleos de difícil cobertura que pueden ser cubiertos con extranjeros, lo que el año pasado se plasmó en poco más de un centenar de contratos por esta vía.
Ahora lo que necesita son teleoperadores, desarrolladores de software, conductores de vehículo de reparto o representantes comerciales, como recoge el borrador de un decreto con el que el ministerio encargado de Migraciones reformará el reglamento de la Ley de Extranjería en España.
Para ello, prevé actualizar este catálogo, facilitar los trámites para la contratación en países de origen, simplificar requisitos para regularizar a quienes ya están en España y nuevas figuras como el arraigo por formación para retener a estudiantes extranjeros que cubran esos empleos.
El objetivo es un sistema migratorio “más abierto”, con menos trabas y tiempos de espera, para que quienes emigran de forma regular en busca de un futuro mejor no vean frustradas sus expectativas, a la par que “más sensible” a lo que requiere la economía española, en palabras del ministro responsable de Migraciones, José Luis Escrivá.
Pero irá “caso por caso”, sin una regularización masiva, pues en Europa no las hay desde 2008, “no se puede” por el Pacto Europeo de Emigración y Asilo, según el ministro.
Organizaciones que trabajan con migrantes y refugiados, sindicatos y otras entidades valoran la disposición a actualizar una norma de 2011 que el propio Gobierno español considera obsoleta, pero le piden una reforma más ambiciosa.
Una flexibilización de los requisitos para la reagrupación familiar de los inmigrantes, el fomento de visados para buscar empleo y facilitar la reincorporación al mercado laboral de solicitantes de protección internacional como el asilo son algunas de sus demandas.
Y sobre todo, que se vea a quienes vienen de forma ordenada de otros países como ciudadanos con todos los derechos, no solo como mano de obra para trabajos que no quieren los españoles.
“Una migración regular y segura también implica garantizar los derechos de trabajadores y trabajadoras extranjeros desde el origen, asegurando la calidad de los empleos ofertados”, asegura a Efe la responsable de Migraciones en la Unión General de Trabajadores (UGT), Ana María Corral.
La representante sindical señala que hay que abordar mejor “las razones de esta falta de cobertura” de ciertos empleos en España, pues si se debe a sus condiciones precarias “no podemos validar esta precariedad permitiendo que la oferta salga al exterior”.
La Federación Andalucía Acoge es una de las entidades que ha hecho aportaciones al borrador de decreto del Gobierno.
Su portavoz, Elvira Pérez de Madrid, manifiesta a Efe que “depende de la voluntad política del Gobierno” el incluirlas, pero la reforma “no está siendo un proceso de diálogo fluido”.
Pérez de Madrid, coordinadora del equipo jurídico de Andalucía Acoge, añade que esta reforma es “un paso positivo, pero no debemos olvidar que profundiza en la lógica de entender las migraciones como un aporte económico y de mano de obra a la sociedad y no contempla el conjunto de realidades que tienen las personas migrantes y las necesarias como seres humanos”.
“Es una reforma tímida que podría ir mucho más allá. Asumiendo que la obligatoriedad de permanecer tres años en España de manera irregular para poder acceder al permiso deja a las personas abocadas a la economía sumergida, la precariedad y la exclusión social”, subraya.
La mayor parte de los inmigrantes en situación irregular en España, siete de cada diez, proceden de América Latina, según la Fundación Por Causa.
Un informe de esta entidad calcula que entre 475.000 y 514.000 “sin papeles” residen en España, con datos de 2020, que refleja que el 61 por ciento de unos 130.000 hondureños estaban en esa situación, el 42,5 entre casi 292.000 colombianos, más de un tercio de cerca de 111.600 peruanos y 85.600 paraguayos, o el 22 por ciento de unos 89.400 argentinos. EFE
