New York – Neil B. Checkman, abogado estadounidense del expolicía hondureño Carlos Alberto Valladares García, pidió una reducción de sentencia a favor de su cliente, quien fue condenado en Estados Unidos en septiembre de 2018 a 14 años de prisión por conspirar para traficar drogas al país norteamericano.
El representante legal del exoficial, a petición del hijo, solicitó el pasado 20 de junio volver a fungir como defensor de Valladares García para que este -recluido en el Centro Médico Federal, de Lexington, Kentucky- salga antes de la cárcel.
Los alegatos de Checkman estipulan que su cliente ha sufrido efectos contrarios por la pandemia del covid-19 y otros factores, sin embargo, la solicitud fue denegada por los tribunales el 24 de junio y ordenaron al abogado a presentar este 8 de julio una carta que contengan bases para su exigencia.
No obstante, a un día de cumplirse el plazo, a través de una carta, el jurista asegura que no pudo comunicarse con su cliente, algo que lo que obstaculiza para presentar las bases solicitadas.
Por ello pidió a la jueza Lorna G. Schofiel -encargada de condenar a Valladares García- para que le facilite el contacto con su defendido y que le permita entregar el documento con su solicitud hasta después de haber entablado una comunicación con el expolicía.
En la carta, con fecha 7 de julio, establece que se debió contratar un intérprete que entienda los idiomas español e inglés para que Checkman y Valladares se relacionen entre sí; esta última petición no ha sido respondida por las autoridades estadounidenses.El hondureño fue miembro de la Policía Nacional entre 1995 hasta 2013, fue jefe de distintas divisiones, pero, paralelamente desde 2004, colaboraba con la organización dedicada al narcotráfico «Los Cachiros», según la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Valladares García ayudó a dicha estructura a transportar droga y proporcionar información a los narcotraficantes; además participó en hechos violentos como las masacres de 2008 en Bailables de Occidente (cinco víctimas) y en 2011 en el aeropuerto Villeda Morales (seis víctimas), ambos en San Pedro Sula, Cortés.
Por ello, el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación en su contra, por conspirar para la exportación de cocaína a los Estados Unidos y conspirar para la posesión de armas que facilitaron las actividades de tráfico de drogas.
Esta misma motivó al expolicía a presentarse voluntariamente ante la justicia norteamericana, donde el 24 de abril de 2018 envió un escrito de culpabilidad, por lo que el 28 de septiembre del mismo año fue condenado a 14 años de prisión.
