Peritos de Criminalística recogen evidencias de la discoteca exBunker, en Perú, luego de una balacera protagonizada por dos bandas armadas aparentemente por cobro de cupos. Foto: La República
En el mundo del hampa, los conocen como “Los Gallegos”. Es una banda criminal de origen venezolano que se expandió en Colombia, Ecuador, Perú y Chile con la crisis migratoria del país caribeño. Se dedica a la trata de personas: por ejemplo, ayudan a muchas jóvenes a migrar, pero estas deben pagar un cupo de 15.000 soles (equivalentes a más de 3.800 dólares), la mayoría salda la deuda con la prostitución.
Por Abad Ventura | La República
Los Gallegos también trafican con droga, cobran cupos a los trabajadores que hacen delivery y extorsionan a empresarios locales. En Arequipa, la policía les atribuye siete crímenes: seis venezolanos y un peruano.
Pese a esta ola de asesinatos, las autoridades no identifican a los autores para desarticular la organización criminal. Cuando se sobreexponen las denuncias ante los medios de comunicación, por un tiempo, mantienen perfil bajo y luego vuelven a la carga. Eso ocurrió en abril pasado, cuando otras bandas delataron sus modus operandi y centros de operaciones-donde colocaban los tickets de las extorsiones.
Deudos en silencio
Cuando hay un crimen, el primer interesado en que se haga justicia es la familia, los deudos. En los siete casos no ha ocurrido eso. No quieren hablar. “Así no se puede hacer mucho”, señala un agente.
Sobre los siete asesinatos, la Policía identificó a cinco víctimas. Un cuerpo fue hallado en una maleta de una chacra en el distrito de Sachaca. El hallazgo ocurrió el 16 de enero, y recién en junio se le identificó. Era venezolano, el nombre se mantiene en reserva. Los agentes de Homicidios de la Divincri recurrieron a la Policía Internacional para dar con la identidad.
Como en este caso, pese al tiempo transcurrido, ningún familiar, amigo o compatriota solicitó el cadáver en la morgue. Un equipo de peritos y antropólogos reconstruyó su huella dactilar y enviaron las muestras a la Interpol. Este proceso tardó casi un mes, y una semana después, el cuerpo fue enviado a una fosa común.
Las víctimas tienen condición de ilegales en Perú. No hay registro de sus ingresos ni actividad. Las personas que retiraron sus cuerpos, manifestaron a las autoridades que no saben nada o que prefieren guardar el silencio. “Si ellos no quieren dar información, no hay forma de pedirla. “, agrega el detective.
Los testigos y deudos, saben quiénes son los autores o lo sospechan, pero tienen miedo de delatarlos. “Los citamos y no vienen, y cuando vienen, dicen que no vieron nada o que prefieren guardar el silencio “, dice otro agente que investiga estos crímenes.
El área de Homicidios de la Divincri investiga los siete asesinatos, también lo hace la Fiscalía y agentes de Crimen Organizado de Arequipa. Estos últimos admiten poco avance. La Divincri no ha respondido a sus requerimientos de información.
Extorsiones y atentados en la región Tacna
El jefe de la División de Investigación Criminal en Tacna, coronel de la Policía Nacional de Perú (PNP), Manuel Guerrero Serpa, sostuvo que este año recibieron 32 denuncias por extorsiones, sin embargo, los últimos nueve casos corresponden a dueños de restaurantes a quienes les llegó el mismo día un mensaje de texto, donde se les amenazaba si no pagaban una cuota.
Sobre estos últimos casos, el coronel explicó que se detectó que el mismo mensaje fue reportado en Cajamarca. Tras el rastreo se determinó que los mensajes se enviaron desde Máncora (Piura).
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