A principios del mes de febrero de este año, el tercer día para ser más exactos, retumbó en la agenda nacional que Álvaro Córdoba Ruíz, hermano de la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, fue capturado por las autoridades colombianas en la ciudad de Medellín, en compañía de otros dos sujetos, señalados de pertenecer al grupo residual de las disidencias de las FARC, conocido como ‘Gentil Duarte’, subversivos a los que al parecer les ayudaban logísticamente para el tráfico de drogas. Desde ese momento se han usado todo tipo de herramientas y dilaciones jurídicas para evitar su extradición a los Estados Unidos, que lo requiere por narcotráfico, decisión que ya fue avalada por la Corte Suprema de Justicia.
Por: Infobae
Álvaro Córdoba, un hombre con sangre política
El apellido Córdoba tiene una vertiente muy ligada con el congreso, gobernaciones, alcaldías y demás funciones públicas, no solo hablando por su hermana Piedad, su tío paterno fue Diego Luis Córdoba, un abogado y político chocoano que en los años 50 y 60 se destacó por ser senador, diputado y hasta embajador de Colombia en México.
Aunque no resulte muy conexo, Álvaro Fredy es nutricionista graduado de la Universidad de Antioquia, además, también es economista de la Universidad Cooperativa de Colombia; aunque ejerció más lo primero que lo segundo, le sirvió para tener cierta relevancia en temas de dietas, en sus redes sociales, e incluso trabajar como funcionario público.
Con esto último nos referimos a las elecciones al Concejo de Medellín para el periodo 2012 – 2015, donde él aspiro a esta corporación en representación del Partido Liberal, pero, no logró la votación necesaria para ser cabildante de la capital de Antioquia.
Su ‘activismo’ se ha notado más en esta ciudad, además de apoyar a su hermana, lógicamente, siempre ha participado de las campañas políticas, de hecho, trabajaba para el movimiento Medellín Imparable, reconocido por apoyar la actual administración de Daniel Quintero.
Aquel 3 de febrero, el día de la Operación Coral
Así fue como se denominó el operativo que realizó las autoridades, en este caso lideradas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJIN, en el sur de Medellín, según la Policía Nacional de Colombia, la diligencia se adelantó para darle cumplimiento a una orden emitida por el gobierno de los Estados Unidos, que acusa a Córdoba por: tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y concierto para delinquir.
“La Policía Nacional hace efectiva una orden de captura con fines de extradición proveniente del Distrito Sur de Nueva York. Es una orden de captura emitida por juez de los Estados Unidos contra tres personas, cumple todos los trámites legales, la Fiscalía General de la Nación a través de ese trámite emite una orden de captura para ubicar físicamente a estas personas, la Policía lo que hace es cumplir con ese mandato judicial internacional y ponerlos a disposición de la autoridad competente”, señaló el entonces director de la Policía, general Jorge Luis Vargas.
Ese día, en otros puntos de la capital antioqueña, capturaron a Álvaro Alonso Jaramillo y a Libia Amanda Palacio, señalados de ser cómplices de Córdoba en una supuesta red criminal dedicada a los delitos del narcotráfico.
“a partir de esa orden de captura se ubican a las personas, las ubicamos físicamente en Medellín, en una zona del sur de la ciudad y procedimos a ponerlas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos de tráfico de cocaína por más de cinco kilos y uso de armas de fuego, es una orden de captura proveniente por un juez de los Estados Unidos, el proceso judicial está en otro país, lo que hacemos las autoridades colombianas es ubicar y capturar para que afronten el proceso en los Estados Unidos en este caso en el distrito sur de Nueva York”, agregó en ese momento el alto oficial.
El expediente
La operación de captura de Álvaro Córdoba, al parecer, fue mucho más compleja de lo que se pensaba, la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, delegó a Matthew Passmore para liderar la investigación que se le entregó a la justicia norteamericana y que se tituló: “Los Estados Unidos contra Álvaro Fredy Córdoba Ruiz y otros, por los delitos de armas e importación de drogas”.
Allí se encontró que Passmore se hizo pasar por narcotraficante, en búsqueda de contactos en Colombia para comercializar estupefacientes; desde el 2020, bajo su fachada de ‘capo mexicano’ logró establecer un estrecho contacto con Córdoba y los que según el informe son sus socios Álvaro Alonso Jaramillo, alias ‘Alonso Héctor’ y Libia Palacio, los otros capturados.
Mediante chats, mensajes de texto, llamadas, audios y demás material probatorio, al parecer, se puso en evidencia como esta red negociaba y traficaba, no solo droga, también armas, desde y hacia: Venezuela, México y los Estados Unidos. Estos movimientos, presuntamente, los lograban gracias al respaldo de la columna ‘Gentil Duarte’, que desde Medellín los ayudaban a encubrir este actuar delictivo.
Córdoba sería la pieza clave de estos movimientos, según el expediente, asistía a las reuniones con las disidencias de las FARC, en varias ciudades el país, luego él mismo sería el encargado de concretar las compras de las mercancías, que principalmente salían desde: Tumaco, en el departamento de Nariño, Buenaventura en el Valle del Cauca y también en el Cauca.
“El 27 de agosto de 2021, o alrededor de esa fecha, Córdoba Ruiz, Palacio Mena, y Jaramillo Ramírez participaron en una videoconferencia grabada legalmente. Córdoba Ruiz describió a Jaramillo Ramírez como alguien que podría ayudar a proporcionar seguridad y conexiones con fuentes de suministro. Durante la videoconferencia, Jaramillo Ramírez declaró que ya tenía una buena cantidad de pollos; que ya tenían a las personas para hacerlo; y que solo estaban esperando a que les dijera cuándo, cómo y dónde antes de poder empezar a organizarlo todo”, señala uno de los apartados del informe.
El proceso judicial
Con la reciente aprobación de extradición, por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Álvaro Córdoba que se encuentra recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá, podría ser trasladado en los próximos días hacia el extranjero.
El fallo emitido por la magistrada Myriam Ávila Roldán, le dio la razón a la justicia norteamericana, en que el imputado si pudo haber incurrido en el delito de tráfico de drogas ilícitas, no obstante, a pesar de aceptar la solicitud, la Corte enfatiza que Córdoba deberá responder también ante la ley colombiana.
Según lo que ha expuesto la Corte del distrito sur de Nueva York, allí podrían enfrentar una condena entre los 40 y 60 años de prisión, que con el aval de la justicia colombiana, solo haría falta la firma del presidente Gustavo Petro para que se haga procedente la orden de extradición.
